Integrantes del Centro de Derechos Humanos contaron su experiencia en la defensa de personas arrestadas desde el 12 de febrero pasado.
En el foro, realizado el 10 de abril, participaron los defensores legales Tamara Bechar, Beatriz Borges y Nizar El Fakih. Ellos denunciaron que las actuales detenciones evidencian que las autoridades están criminalizando la protesta y, más preocupante, se está ante la ausencia de Estado de derecho en Venezuela.
Resaltaron que se ha violado el derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y psicológica, entre otras garantías constitucionales.
“Esos daños se manifiestan en perdigonazos a quemarropa en el centro de detención, en encerronas en celdas con bombas lacrimógenas para que se ahoguen, en golpes contundentes con botas de seguridad, con escopetas de perdigones, con cascos (…) esos casos existen pese a que tenemos una fiscal general y una defensora del pueblo que con su silencio avalan lo que ocurre”, expresó El Fakih.
Los abogados indicaron que se evidencia un patrón para criminalizar la protesta y actuar fuera de la ley en las detenciones que se producen. En este patrón participan las autoridades del gobierno, los organismos de seguridad, la fiscalía y los jueces
“Hemos estado en audiencias en donde los jueces han dicho que es un hecho ‘publico, notorio y comunicacional’ que en una marcha hubo violencia y que, por ende, el Ministerio Público está excluido de brindar prueba. Es decir, que cualquier de nosotros que participamos en una marcha somos culpables, si es un hecho público, notorio y comunicacional que en esa marcha hubo violencia”, advirtió Borges.
Más irregularidades
Bechar criticó que autoridades y administradores de justicia hayan incurrido en graves fallas, encaminadas a criminalizar la protesta.
En la práctica han visto cómo los cuerpos de seguridad apresan a personas indistintamente si participan o no en protestas. “Echan la red para pescar sin importar qué están haciendo las personas”, agregó.
Otras de las irregularidades es que se mantiene incomunicadas a las personas detenidas, el régimen de presentación pasó de cada 45 días, en los primeros casos, a cada ocho días. También se comenzaron a fijar fianzas “con el objetivo de que las personas permanezcan más tiempo detenidas”.
Asistencia UCAB
En la actividad también estuvo Agatha Cappuccio, en representación de la iniciativa Asistencia UCAB, creada por estudiantes de la universidad, en su mayoría de la Escuela de Derecho.
Indicó que a través de la cuenta twitter @asitenciaucab y el correo electrónico [email protected] se encargan de recibir las denuncias de personas que son detenidas durante las manifestaciones y establecen contacto con los defensores legales del Centro de Derechos Humanos.
El Fakih elogió esta labor estudiantil: “Su trabajo es impresionante y es muy significativo el acompañamiento que sienten los familiares de los detenidos de parte de estos muchachos”.
El abogado también reconoció la labor de asesoría que ha brindado la jurista Magaly Vásquez, exdirectora de la Escuela de Derecho y actual directora de Postgrado de la UCAB.
