Ha estado muy ocupada, desde luego. En esta coyuntura que vive el país la doctora Beatriz Borges constata cada día violaciones a los derechos humanos. El común denominador son las autoridades policiales y militares, protagonistas de las detenciones durante manifestaciones pacíficas.

No cobra un céntimo por trabajar para los jóvenes detenidos y, muchas veces, torturados. Asesora en la audiencia de presentación (primera etapa) y luego, durante las etapas posteriores, acompañando al reo en el juicio. Los abogados del CDH-UCAB que trabajan en esto son unos quince, y cuentan con voluntarios que ayudan, generalmente estudiantes. Todos trabajan de manera mancomunada con abogados de la Unimet.

 

EL DOLOR Y EL ORGULLO

Cuando se han producido detenciones masivas, como las de la madrugada en que un operativo militar acabó con los campamentos de la protesta en plaza Bolívar de Chacao, frente a la Torre HP (avenida Francisco de Miranda) y plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes), lo primero que hace el grupo del CDH es identificar a los detenidos. Para ello cuentan con un correo (Central de Asistencia UCAB) y red de Twitter (@asistenciaucab). Se reciben los datos. Se ponen en movimiento sea la hora que sea.

Además de hacerle seguimiento a cada caso, lo documentan: si ha habido algún tipo de tortura, malos tratos o tratos degradantes. Se aseguran de que eso llegue a instancias nacionales e internacionales.

Beatriz es profesora en el área de sistemas internacionales de derechos humanos.

—¿Cuáles son los convenios internacionales que se han burlado últimamente?

—Desde los más básicos, como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta los más específicos incluyendo todo lo relacionado con torturas y detenciones arbitrarias… principios y normas fundamentales establecidos en los estándares internacionales y de los cuales Venezuela es parte, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

Venezuela podría ser sancionada internacionalmente por la violación de los derechos humanos. Borges dice que, al observar los libelos de la Fiscalía se han dado cuenta, ella y sus compañeros, de que no hay fundamentos para la detención.

—Y cuando alegamos eso en las audiencias, muchas veces obtenemos una respuesta que ni siquiera es argumentada: el juez simplemente emite su fallo que se parece a los otros. Es como un tipo de sentencia “entubada”.

Muchas veces los jueces alegan que el muchacho es culpable porque resulta “un hecho público, notorio y comunicacional” que las manifestaciones son de carácter violento.

—Es decir, como tú participaste en esa manifestación -dice Borges‑, fuiste violento. Primero estás denegando un principio fundamental, y es que la responsabilidad penal es individual.

Muchos salen con medidas privativas de libertad pero los padres lo que desean es tener a sus hijos con ellos aun cuando estén en libertad condicional. Y de un tiempo a esta parte los jueces han impuesto medidas de caución o fianza: mientras algunos detenidos consiguen fiadores y estos los recaudos necesarios, pasan varios días en prisión. Y ya se sabe cómo son las prisiones en Venezuela.

Beatriz ha visto los rostros de los padres cuando se encuentran por primera vez con sus hijos tras una detención: suelen reflejar cierta ira ante el hecho. Pero luego, al cabo de algunos minutos, esa ira se transforma en orgullo: saben que sus hijos han estado luchando por el país. Y que su delito fue protestar y manifestar sus posiciones. Por eso la universidad ha respaldado todos estos casos, porque considera que protestar no es un delito.

SN