Marielba Núñez 

No son estos días en los que se pueda conciliar fácilmente el sueño. De un sobresalto a otro, de una indignación a la siguiente, la cotidianidad se ha convertido en el detonante del insomnio colectivo. El asesinato de Kluiverth Roa, de 14 años de edad, a manos de un integrante de la Policía Nacional Bolivariana, en Táchira, es el terrible episodio que más recientemente ha invadido nuestros desvelos. La noche del martes 24 de febrero, luego de conocer que el adolescente murió por un disparo en la cabeza, incontables venezolanos compartimos lágrimas de dolor e incredulidad durante largas horas de vigilia. Nos hermanamos con una familia cuya pérdida compartimos y que sabemos inconsolable.
La condena a lo ocurrido debe ser unánime, como también debe serlo el clamor para que el Gobierno derogue la Resolución 8610, publicada hace tan solo un mes en Gaceta Oficial, que autoriza el porte de armas para controlar manifestaciones pacíficas, en contra de lo que establece claramente la Constitución Nacional en su artículo 68. Las autoridades están obligadas, ahora más que nunca, a escuchar a quienes advirtieron que la norma no haría otra cosa que abrir la compuerta a más violaciones de derechos fundamentales.
Hay que sumar voces, también, para condenar a quien pretenda calificar este homicidio como «un hecho aislado», palabras que usó el gobernador Vielma Mora. Desde el año pasado se acumulan las noticias de fallecidos en protestas, algo que ya desmiente la supuesta excepción que constituiría este caso. Otros números también contradicen esas palabras: la del número creciente de jóvenes que pierden la vida en hechos de violencia, como bien lo recuerda un análisis publicado en el blog de la revista SIC el pasado 22 de enero. Una de sus conclusiones señala que la tasa de muertes por armas entre adolescentes venezolanos se duplicó entre 1997 y 2010, para situarse en 12,5 fallecimientos por 100.000 personas menores de 17 años. La ONG Cecodap contabilizó 912 niños y adolescentes asesinados en 2014.
Apenas a horas de conocerse el fallecimiento de Kluiverth supimos de la muerte de Johander Escacio, un adolescente de la etnia wayúu, por un disparo que recibió en la espalda durante un operativo que ejecutó el Ejército en la frontera. Poco después, otro adolescente de 16 años fue asesinado por un tiro en la cabeza en su aula de clases en el Liceo Juan Lovera, en Caracas. Cosechamos los frutos de la impunidad y de un mensaje irresponsable que repite que la vida, incluyendo la de los más jóvenes, no vale nada. No son tiempos de sueño fácil, porque una espiral de violencia se lleva nuestro futuro.