Francisco José Virtuoso

Según las cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela, el balance del año 2015 es el de una nación en quiebra. El ingreso de divisas por concepto de exportación sigue bajando abiertamente, la producción nacional está en franca recesión y para cumplir los compromisos internacionales se requieren 16 mil millones de dólares aproximadamente. Este panorama, unido a la terrible escasez e inflación que padecemos, nos puede hundir en muy pocos meses en una abrumadora crisis humanitaria.

En este escenario el oficialismo ha desarrollado dos líneas de acción. La primera, puesta en vigencia a los pocos días del triunfo de la oposición, ha sido buscar la forma de maniatar a la Asamblea Nacional. En esta dirección se han ejecutado varias acciones, que por ahora han logrado arrebatar a la oposición la mayoría calificada de 2/3 y lo que ello implica: obstaculizar la designación por parte de la Asamblea de dos de los rectores del CNE cuyos periodos vencen este año, impedir la remoción de los directivos del Banco Central de Venezuela y restaurar su autonomía, paralizar la posible remoción de los magistrados recientemente nombrados, frenar cualquier enmienda constitucional y dificultar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

No obstante, la Asamblea Nacional con mayoría de 109 diputados de oposición, logró instalarse, sesionar y ser reconocida por todos los poderes del Estado. El acto de presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente de la República el pasado 15 de enero, guardando todas las formas previstas en el ordenamiento constitucional y legal de la República, así como el discurso de réplica que el presidente de la Asamblea Nacional pronunció a continuación, todo ello transmitido en cadena nacional de radio y televisión, fue un claro y contundente mensaje de reconocimiento de que hay un nuevo poder legislativo, emanado del voto popular el pasado 6 de diciembre de 2015, en donde los representantes del gobierno son minoría y están obligados a rendir cuentas y ser interpelados por la oposición.

Este hecho puede ser considerado como un «acontecimiento» y marca ciertamente el signo más claro del inicio en firme del proceso de transición política que se vive en Venezuela desde el año 2013. La clave para ello ha sido el correcto uso de la razón política. Los líderes de oposición entendieron que a pesar de la firmeza de sus convicciones y propósitos debían «doblarse para no partirse», como bien lo dijera Ramos Allup, y buscar mediante el diálogo mecanismos de entendimiento con el oficialismo. Por su parte, en el bloque del gobierno, también entendieron que desconocer de plano la Asamblea Nacional era un paso muy arriesgado, de consecuencias impredecibles nacional e internacionalmente, en medio de una crisis económica y social cuyo manejo se puede escapar de control.

El gobierno juega rápido. El mismo viernes 15 de enero se puso en marcha la segunda gran línea de acción. Enfrentar la gran crisis económica y social que se avizora para el 2016, emitiendo un decreto de emergencia económica, en donde bajo la justificación de la guerra económica y la reducción de los precios del petróleo, se propone más discrecionalidad y la aplicación de mayores controles en toda la actividad económica. Se pone de manifiesto así, que no hay ninguna intención de revisión de las causas de la crisis y de rectificación profunda. En este otro round, hará falta nuevamente hacer uso del arte de la política, mediante la racionalidad, la sindéresis y la negociación. Sin el reconocimiento de los errores y sin el logro de acuerdos políticos será imposible avanzar en la dirección correcta.

Publicado en el diario El Universal el 20 de enero de 2016