Marielba Núñez

La crisis económica le pasa factura a todos los venezolanos pero se ensaña con aquellos sectores que son más vulnerables, en particular con los niños y adolescentes. La escasez de alimentos básicos y el alto costo de la vida no solo afectan nuestro presente sino que ensombrecen el futuro. De ello nos ha advertido la Fundación Bengoa, cuyo monitoreo de escuelas en Caracas, Maracaibo y Mérida, como parte de su Programa de Nutrición Comunitaria, les ha permitido detectar un aumento, en los últimos dos años, de la desnutrición en los niños en edad escolar.

Ya la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida de la Población Venezolana, liderada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar había alertado el año pasado sobre lo que estaba ocurriendo en los hogares, al señalar que 80 % de los ciudadanos confesaba que no le alcanzaba el sueldo para comprar la comida que necesitaba y que, entre los más pobres, 39 % afirmaba que hacía dos o menos comidas cada día. Rubros como la leche, la harina de maíz y los granos, fundamentales en la dieta del venezolano, habían experimentando una aguda caída en el consumo en el primer semestre de 2014, de acuerdo con sondeos del Instituto Nacional de Estadísticas.

En una situación que no se puede calificar si no de extrema, las escuelas podrían constituir un escudo contra las deficiencias alimenticias que se padecen en casa y un recurso para llevar a los niños nutrientes indispensables. Esa tarea debería recaer sobre el Sistema de Alimentación Escolar (SAE), heredero del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que fue creado hace dos décadas con el propósito de garantizar el acceso a la comida pero también de estimular la permanencia de los estudiantes en las aulas. Sin embargo, la iniciativa estatal, en los últimos años, se ha caracterizado por su funcionamiento irregular, pleno de fallas de «planificación, supervisión y control interno», como diagnosticó en 2013 la Contraloría General. La cobertura dista de ser total, pues cifras suministradas por la corporación fundada por el Ministerio de Educación para hacerse cargo del programa, dan cuenta de que llega a 16.293 planteles de los más de 27 mil que hay en Venezuela.

A todos estos problemas vienen a sumarse la falta de presupuesto y el difícil acceso a los alimentos para preparar las comidas de los niños. La organización no gubernamental Transparencia Venezuela, que también ha hecho un seguimiento del desempeño del PAE, alertaba el año pasado en un informe que su presupuesto en bolívares se había mantenido prácticamente igual desde 2013, lo que equivale a decir que se había reducido drásticamente. Los números llegan a ser ridículos, pues para cada plato de desayuno se destinan únicamente 7 bolívares, 12 para el almuerzo y 5 para la merienda, según cálculos recientes de la Red de Educadores por la Defensa de los Derechos Humanos.

De nada sirvió que en la reestructuración del PAE que llevó adelante el exministro Héctor Rodríguez se decidiera que las cooperativas encargadas se surtirían directamente de Mercal y PDVAL, pues a los comedores escolares no llegan alimentos básicos, por lo que en algunos estados han tenido que recurrir a «menús de contingencia». La escasez se ha tornado en un enorme obstáculo con el que también tienen que luchar iniciativas privadas que proveen de alimentos a los niños, entre las que se cuentan la Escuela Canaima de La Vega y las casas hogares de carácter privado. En un momento de tantas carencias, es prioritario y urgente ampliar el SAE, garantizar su correcto funcionamiento y dar a las ONG, que también apoyan la nutrición infantil, lo necesario para funcionar.