Cada 01 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, como un homenaje a las luchas por condiciones laborales justas.  Sin embargo, desde hace algún tiempo la crisis económica y social que golpea a Venezuela hace difícil que millones de empleados y obreros tengan motivos para festejar.

La inflación parece la primera de esas razones, porque actualmente es el monstruo económico que golpea donde más duele: el bolsillo.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el incremento general de precios en nuestro país durante 2017 será de 720% y en 2018 podría superar 2000%.

¿Esto qué significa? Que el venezolano promedio tiene cada vez menos posibilidades de adquirir los bienes y servicios que necesita para mantenerse a él y a su familia con los ingresos que recibe como salario. O lo que es lo mismo, que su dinero cada vez vale menos y se deteriora su calidad de vida.

Este 30 de abril el presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció un incremento de 60% en el salario mínimo y un aumento de 25% en el monto del bono de alimentación (conocido como cestaticket)

¿Es ésta la solución para mejorar la situación de los trabajadores?

Con el ajuste, el salario mínimo pasó de Bs.40638,21 a Bs. 65.021 y el ticket de alimentación subió de Bs. 108.000 a Bs.135.000, lo que ubica el sueldo integral mínimo en Bs. 200.021.

Sin embargo, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), nada más en marzo la canasta básica familiar aumentó a Bs. 1.068.643,25.

En otras palabras,  se necesita poco más de 16 salarios mínimos o 5,3 sueldos integrales básicos para poder cubrir los gastos mensuales de alimentación, higiene, servicios, vivienda, educación, calzado y vestido de una familia promedio de cinco miembros.

Para la psicóloga industrial Hilda Ruiz, profesional adscrita a la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAB, ningún incremento salarial será útil si no se atienden los verdaderos problemas de la economía.  Asegura que los venezolanos necesitan un sector productivo pujante, es decir, más empresas que generen más empleos y, sobre todo, que produzcan más bienes y servicios.

“Mientras los responsables de la política económica no acepten que el problema no es que las empresas no quieren producir, sino que no las dejan hacerlo, no se podrá ver una mejora. La solución es la reactivación del aparato productivo. De lo contrario, ningún aumento de salario servirá”.

Desde 2013, el Ejecutivo Nacional ha decretado 15 aumentos de sueldo.

¿QUÉ SE VE EN EL HORIZONTE?

A corto plazo, las proyecciones no son  muy alentadoras.  De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el desempleo en el país crecerá 4% y pasará de 21,2% (2016)  a 25,3%  en 2017, lo que quiere decir que al cierre de este año 25 de cada 100 personas en edad de trabajar no estarán produciendo o recibiendo ingresos estables en Venezuela.

El sector privado –principal empleador del país- está afectado por una dura crisis económica y una normativa legal rígida que le hace difícil sobrevivir. Según datos de Consecomercio, casi 600 mil empresas cerraron sus puertas en los últimos 15 años, lo que significa que miles de personas han quedado en la calle sin sustento.

“Los empresarios sufren por la dificultad para acceder a las divisas que necesitan para producir, por los controles de precios y por lo cuesta arriba que se hace mantener el personal completo cuando los aumentos de salarios son constantes. Además, las empresas están afectadas por decenas de decretos-leyes que aumentan los costos laborales, son difíciles de cumplir y generan multas y sanciones”.

En el sector público, la crisis tiene otras particularidades pero no es menos complicada. Además del deterioro en las condiciones salariales, los trabajadores del Estado están padeciendo la ideologización y las amenazas o despidos por razones políticas, cuestiones que también deterioran la estabilidad anímica y el ambiente laboral.

“En el sector público, muchas veces no cumplen las condiciones de la ley que sí se exigen al sector privado. Además se escuchan sindicatos que reclaman no haber renovado los contratos colectivos desde hace cinco años. A esto se  suma la obligación de participar en actos partidistas y la persecución a quienes no lo hagan. La ley no concibe este tipo de ideologización. Es un delito que alguien se vea obligado o amenazado de cualquier forma por no compartir una creencia o simplemente no ser parte de uno de estos actos”.

La búsqueda de consensos políticos que generen políticas económicas y sociales aceptadas por todos los sectores parece la salida más racional. Solo así el horizonte se despejará y los trabajadores venezolanos tendrán razones para festejar su día en los años por venir.