Marielba Núñez

La prueba más contundente del derrumbe de las condiciones de vida y del colapso del sistema sanitario en Venezuela descansa en las cifras de mortalidad infantil y mortalidad materna que acaba de dar a conocer el Ministerio de Salud. La publicación de los boletines epidemiológicos, cuya difusión se había interrumpido desde 2014, saca a la luz una realidad estremecedora que no debería dejar a nadie indiferente. Los documentos oficiales muestran que, en el año 2016, un total de 11.466 niños menores de un año fallecieron en todo el país, 30,12% más que los que murieron en 2015, según reconoce el mismo ministerio. En Apure, Delta Amacuro, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Zulia, este aumento supera el 50%.

Son igualmente desoladoras las cifras de venezolanas fallecidas por causas vinculadas con el embarazo y el parto. El año pasado, un total de 756 mujeres murieron durante la gestación, al dar a luz o poco después, 65,79% más que en 2015. Hay estados donde el incremento de la mortalidad materna ha alcanzado niveles verdaderamente escandalosos, como es el caso de Carabobo, que registró casi cinco veces más decesos que el año anterior.

No hay palabras que puedan expresar la magnitud del desastre que estas cifras traducen y lo que representan en términos de retroceso sanitario y social. Es bien sabido que la mayoría de estas muertes podría haberse evitado con garantizar un adecuado control prenatal para las embarazadas y con mantener centros de salud con condiciones mínimas para la asistencia en el parto.

Durante años se vendió la idea de que la Misión Barrio Adentro serviría precisamente para llevar esa atención ambulatoria y preventiva que permitiría superar un sinnúmero de carencias que aún arrastrábamos en el área de salud. Hoy vemos que se trataba sólo de una escenografía para el proselitismo y una excusa para desmontar una estructura que permitió enormes avances sanitarios en la Venezuela del último siglo. Las nuevas generaciones sufren por esa manera insensata de administrar el sistema de salud que decidió dejar de lado los criterios técnicos y los cambió por fidelidades ideológicas y discursos vacíos.

Está claro que en toda esta situación ha tenido impacto la prolongada crisis económica y alimentaria, que ha traído enormes carencias nutricionales y medicinales a la mayoría de los hogares de todo el país. La escasez ha causado estragos en la población más vulnerable y no es posible pensar en alguien más desvalido que un recién nacido. Sin embargo, si la asistencia primaria en verdad funcionara podríamos contar con un escudo contra el desastre.

Pese a las terribles evidencias de lo que está ocurriendo, que sin duda el gobierno conoce a fondo, no parece haber ninguna voluntad de enmienda. Casi inmediatamente después de que se publicaran los boletines epidemiológicos fue destituida de su cargo sin explicaciones la ministra de Salud Antonieta Caporale, que sólo tenía cuatro meses al frente de esa cartera,  algo que sólo puede interpretarse como una sanción contra esa breve apertura informativa que permite verificar los niveles de abandono del sistema asistencial venezolano. Lo adecuado, para el Ejecutivo nacional, es seguir ocultando la tragedia. Ante esto, todos los venezolanos estamos llamados a exigir de los responsables acciones inmediatas para detener las muertes infantiles y para proteger a las embarazadas.

En este aspecto no hay tiempo que perder y no es aceptable que la única respuesta del gobierno sean el silencio y la indiferencia.