ANC prepara ley que aumentaría controles en Internet, denuncian organizaciones

Más de 40 ONG, periodistas, docentes e investigadores de la comunicación emitieron un comunicado para rechazar el anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela, el cual sería aprobado por la Asamblea Constituyente durante este mes de enero

ANC prepara ley que aumentaría controles en Internet, denuncian organizaciones

Como una “grave amenaza para los derechos humanos de los venezolanos” calificaron organizaciones civiles y profesionales de la comunicación el anteproyecto de “Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela”, texto que se coló recientemente a la prensa y que sería aprobado por la Asamblea Constituyente en las próximas semanas. 

A través de un comunicado titulado “Ciber control en Venezuela”, los firmantes advierten que desde hace 12 años “el Estado venezolano ha venido desarrollando políticas públicas orientadas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en internet”, incluyendo la promulgación de instrumentos jurídicos, el bloqueo de páginas web, la detención de tuiteros o la violación de comunicaciones privadas. 

El documento señala que el anteproyecto de ley en discusión en la ANC “justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales”, pues crea un Centro Nacional del Ciberespacio, que tendrá potestad -entre otras cosas- para monitorear, hacer seguimiento, alertar, bloquear y sustanciar expedientes a prestadores de infraestructura, servicios y usuarios de la red  “bajo la doctrina de ‘defensa integral de la Nación’ y “provocando que los venezolanos queden limitados a una red controlada, aislada y fragmentada”.

“Este proyecto tiene un enfoque de securitización del uso de tecnologías de información y comunicación, basado en nociones de soberanía, seguridad nacional y ‘control del orden interno’…que se utilizan para justificar la adopción de medidas que violan derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y la protección de los datos personales. Adicionalmente, extiende el concepto de terrorismo a cualquier actividad realizada en internet o a través de ella, que pueda “causar terror” o ‘desestabilización económica, política o social’…lo que permitiría sancionar la expresión de opiniones legítimas”, se lee en el texto, en el que se denuncia que este instrumento violaría derechos como la libertad de expresión, el derecho a participar en asuntos públicos y la protección de los datos personales. 

Los firmantes evidencian numerosas  vulneraciones a los derechos humanos en las disposiciones de la ley, entre las cuales precisan las siguientes: 

  • Coloca erróneamente al usuario como responsable de la seguridad en el Ciberespacio y además le impone el deber de denunciar situaciones irregulares que pongan en riesgo o afecten el uso y acceso legal al ciberespacio.

  • Autoriza al Estado a tratar datos sensibles sin el consentimiento del usuario.

  • Permite a la autoridad supervisar, dar seguimiento y registrar los datos e informaciones transmitidas a través de cualquier servicio de internet.

  • Obliga a los proveedores de servicios de difusión de mensajes a censurar contenidos sin orden judicial previa ni respeto por garantías mínimas de libertad de expresión, ni de debido proceso.

  • Crea el peligroso concepto de “seguridad del contenido” para legitimar herramientas, políticas, normas y “acciones preventivas” para “contrarrestar el odio” en internet.

  • Crea una autoridad de control con excesivas facultades y dependiente del Poder Ejecutivo.

Por ello piden a las instancias nacionales e internacionales mantenerse alertas y pronunciarse sobre este tema.

“La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

La lista de instituciones adheridas al documento incluye a Provea, IPYS Venezuela, Espacio Público, Internet Society y Comité para la protección de periodistas, además de personalidades como Marcelino Bisbal, Andrés Cañizález, Luis Carlos Díaz y Antonio Pasquali. 

A continuación el comunicado completo, el cual puede ser descargado en PDF aquí.

El anteproyecto de “Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela” puede ser revisado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2MhssLC

*Foto apertura: http://www.freepik.es