A través de un foro informativo organizado por la organización no gubernamental Aula Abierta y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB (oficina Guayana), recientemente la comunidad ucabista tuvo la oportunidad de conocer los retos de supervivencia que enfrentan las universidades venezolanas, especialmente las públicas, así como el contexto de conflictividad, inestabilidad política y económica que permea en la educación superior y quebranta la libertad académica.

La presentación del informe general sobre la situación de los derechos universitarios en Venezuela es el resultado de la documentación realizada por Aula Abierta, desde septiembre de 2018 hasta principios de 2019, y reveló que las instituciones autónomas sufren la disminución de un 90% del presupuesto solicitado al Estado. Ello constituye una violación explícita a los derechos laborales y convenciones colectivas de todos los actores del quehacer académico.

“Una universidad no puede proporcionar calidad educativa cuando se les asfixia económicamente”, aseveró Andrea Martínez, coordinadora de la región oriente de Aula Abierta.

Según las estimaciones que se desprenden del estudio de la ONG, la inexistencia de apoyo a la investigación (actividad medular dentro de una casa de estudio), la dramática deserción estudiantil -calculada entre 30 y 40%- y la pérdida de profesores -estimada entre 25 y 50%-  son factores por los que la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) se adhirieron a la declaración de emergencia humanitaria compleja en el sector educativo, pronunciada por la Asamblea Nacional (AN).

“Las universidades privadas también hemos sentido la crisis del país, aunque con menos complejidad pero tampoco somos ajenos”, destacó Martínez, quien también es coordinadora académica de la escuela de Comunicación Social de la UCAB Guayana.

De manos atadas

En el foro fueron expuestos hallazgos que demuestran la precariedad en las casas de estudios venezolanas. Uno de ellos fue el de la Universidad de Oriente (UDO) en Cumaná, estado Sucre, la cual tiene 25 unidades de transporte y solo 2 están en funcionamiento, lo cual influye en el abandono de las aulas de clase, hecho que se repite en las extensiones de Nueva Esparta, Ciudad Bolívar y San Félix.

Las evidencias de los ataques al sector universitario permitieron que durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 15 de febrero, se lograra “el reconocimiento de la necesidad que tiene Latinoamérica de elaborar estándares especiales que protejan la libertad académica”, expresó Andrea Martínez.

Durante esta actividad, el director de la escuela de Comunicación Social de UCAB Guayana, Óscar Murillo, manifestó que “la libertad académica va más allá de la autonomía universitaria, pues tiene que ver con las condiciones socioeconómicas con las que se cuenta para la enseñanza de educación superior”, necesaria para el desarrollo de Venezuela.

♦Elianna Laurens