El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, en su sesión del 19 de mayo de 2017, ha considerado necesario pronunciarse con respecto a los hechos ocurridos en nuestro país durante las últimas semanas:
Deploramos los asesinatos perpetrados durante las protestas.
Rechazamos el abuso de la fuerza en la represión de manifestaciones pacíficas.
Rechazamos la detención de manifestantes sin respeto al debido proceso, y la pretensión de someter detenidos civiles a jueces militares.
Requerimos la investigación de casos denunciados de torturas y tratos crueles, así como castigo a los culpables.
Repudiamos la violación del recinto universitario por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en la sede Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello, así como todo ataque a las universidades públicas y privadas y a sus miembros.
Rechazamos los saqueos, linchamientos y toda forma de violencia que atente contra la vida, la salud, la libertad y la propiedad de las personas.
Exigimos la liberación de los presos políticos y la reparación de las víctimas de violencia.
Rechazamos las sentencias por medio de las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha roto el orden constitucional, según declaración de la Fiscal General de la República.
Rechazamos la suspensión de garantías constitucionales que significa la reiterada renovación de Decretos de Estado de Excepción por parte del Ejecutivo Nacional, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Rechazamos las explicaciones expuestas por el Consejo Nacional Electoral para no realizar las elecciones regionales y el referéndum revocatorio durante 2016.
Exigimos la publicación de información oficial detallada y oportuna, a la cual están obligados los entes y órganos de la Administración Pública
Rechazamos las amenazas del Presidente de la República en contra del Presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Profesor José Guerra, a quien, como a todos los diputados, debe reconocérsele inmunidad parlamentaria.
Rechazamos cualquier intento de modificar la Constitución de la República sin cumplir con los pasos que la misma Constitución establece.
Rechazamos la concentración de poder que sostiene la noción de Estado Comunal, suficientemente descrita en la Propuesta de Reforma Constitucional sometida a referéndum en 2007 y rechazada por la mayoría; y desarrollada en los Planes de la Nación y las Leyes del Poder Popular aprobados posteriormente.
Rechazamos el mantenimiento de una política basada en controles, expropiaciones, uso arbitrario de recursos públicos, trato discriminatorio y aislamiento internacional, que ha conducido a nuestro país a una crisis humanitaria con severas consecuencias presentes y futuras.
Exigimos el cumplimiento de la Constitución vigente, que propugna como valores superiores del Estado “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”; como características del gobierno ser “siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”; y como principios de la Administración Pública “honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.
El sufrimiento causado durante estos tiempos dejará huellas permanentes en nuestra historia. Invitamos a todos a repudiar cualquier forma de abuso, para evitar que los trágicos eventos de nuestros días nos envilezcan. Es posible una sociedad mejor. Nuestra Facultad continuará contribuyendo, como ha sabido hacerlo, a construirla.
