A Ligia Bolívar Osuna no le gustan los shows. La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) mira con desdén –y hasta con mala cara- la idea de enfundarse el traje de heroína, a pesar de cargar con un historial de más de 35 años de trabajo. Lo señala sin titubear:
Aquí la protagonista es la víctima, no el CDH.
Pero son las mismas víctimas quienes reconocen en esta mujer delgada, de ojos pequeños y cabello gris, la posibilidad de que sean reparados los daños que el Estado ha efectuado en su contra.
El CDH nace en 1999 como el primer centro académico dedicado a la materia en Venezuela y, bajo la dirección de la socióloga egresada de esta universidad, ha logrado consolidarse como uno de los más importantes del país. Los investigadores y las decenas de voluntarios que lo integran dedican su tiempo a las actividades de docencia, investigación, extensión y al acompañamiento jurídico de afectados en casos vinculados con las personas refugiadas y migrantes, la vulneración del derecho a la participación y a la libertad de expresión.
Una de sus líneas de trabajo más importantes es la referida a los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos. En ese marco acompaña casos ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, y participa en audiencias en las cuales el Estado venezolano está sentado en el banquillo de los acusados. El CDH imparte, desde hace 14 años, el Curso sobre Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos y desde hace casi una década el novedoso Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos.
—Venezuela ha salido muy bien parada de las evaluaciones en materia de Derechos Humanos del último año, a pesar de las constantes denuncias en su contra. ¿Por qué este desfase?
—La ONU y la OEA son iguales que un país… uno decente. Tienen órganos políticos que siguen las directrices de quien está gobernando, pero también tienen órganos independientes. En un país decente, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía son poderes independientes. Esa separación en el ámbito internacional sí existe. Hay gente que se siente desconcertada y se pregunta cómo es posible que después de la represión de febrero le den acceso a Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es un órgano político. El club de amigos va a seguir siéndolo en lo político, donde la “petrochequera” sí importa. Nosotros trabajamos con los que defienden los Derechos Humanos. En estos órganos, que son especializados, autónomos e independientes, no tiene Venezuela, ni otro país, ningún peso.
—Sin embargo, Venezuela es una especie de forajido que rechaza recomendaciones de entidades como la OEA o la ONU.
—No, Venezuela tiene la obligación por Derecho Internacional de aceptar y acatar. En una situación de desacato constante, como en la que está el país, sería ingenuo e irresponsable decirle a la población: “nosotros vamos mañana para allá y esto se resuelve”. Eso puede funcionar con uno respetuoso del Estado de Derecho, pero no con uno que desde hace 15 años ha desacatado sistemáticamente todas las decisiones del sistema interamericano y de la ONU. Tiene 12 años que no deja entrar a ningún órgano internacional a Venezuela.
Agrega:
En un país respetuoso los organismos pueden llevar al Estado a corregir las situaciones violatorias de los Derechos Humanos; en casos como los de Venezuela no podemos esperar eso, pero sí que se conviertan en un mecanismo de contención. Si no hubiesen sucedido los pronunciamientos de estas instituciones en los primeros seis meses del año, no les hubieran dado la vuelta como lo han hecho a algunos de los casos. Que no lo vea la opinión pública, eso es una tarea pendiente; pero la víctima sí lo siente y lo agradece. Para la víctima sí hace una diferencia.
—¿Considera usted que los venezolanos se han hecho insensibles ante casos de violación de derechos fundamentales? ¿Se ha banalizado el mal?
—Lamentablemente ese es un daño profundo que tiene la sociedad venezolana. Nadie cree en los Derechos Humanos hasta que le toca. Muchos de los que están ahora en la oposición antes eran gobierno y no creían en los Derechos Humanos; ahora enarbolan su bandera porque les está pegando. El trabajo que hay por hacer es enorme porque hay una pérdida del sentido de institucionalidad. Entonces la gente, del bando que sea, lo que está buscando no es justicia sino venganza. El trabajo de nosotros no acaba nunca, no se va a acabar con un cambio de gobierno.
—¿El CDH tiene intenciones de expandirse?
—Con la cantidad de casos de estos meses hemos tenido que aumentar operaciones. Afortunadamente ya existía una confianza previa generada. El CDH tiene muchísimos años trabajando en red, con organizaciones no gubernamentales, con universidades del país.
Agrega:
Cuando hubo la necesidad de una respuesta mayor nos llovieron los voluntarios. Llegamos a manejar un equipo de 80 voluntarios y de ahí se ha unido una red muy importante. En muchas partes del país se generaron equipos para atender estas situaciones y parte del trabajo del CDH ha sido el fortalecimiento de estos equipos. No se trata de crear sucursales del centro, sino de fortalecer organización local. Todo eso ayuda a la hora en que tienes un problema.
—El centro que dirige es ahora una institución referencia y tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es el reto ahora?
—La responsabilidad no te la da el nombre, la responsabilidad te la dan las víctimas. Nosotros tenemos quince años acompañándolas. El número subió exponencialmente en estos días, pero la responsabilidad de nosotros ha sido con las víctimas desde el primer día. No vemos un reto adicional, vemos el mismo del comienzo, que es ser responsable ante ellas. El CDH ha llevado un “bojote” de casos en estos años, pero ese no es el tema, el tema es que los derechos de “fulano” fueron violentados y deben ser reparados; ahí sí armamos un berrinche. Nunca van a escuchar: “el Centro hizo”, “el Centro va a hacer”. Van a escuchar: “el Centro va a proteger”.
Tres razones para cursar el Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos del CDH
1. Es casi totalmente en línea: el participante se forma cuando y donde pueda.
2. Es reconocido por Ausjal: el programa conecta con profesores y alumnos de universidades jesuitas en América Latina.
3. Se Puede optar por una beca: orientada a personas con experiencia en el área de Derechos Humanos o que demuestren intenciones de utilizar los conocimientos adquiridos para ayudar a otros.
Adriana Núñez
Lea informe del Foro por la Vida ante el Comité contra la Tortura de la ONU