Lissette González 

Ya sabíamos que las cárceles eran un lugar inhumano. Ya sabíamos los vejámenes a los que son sometidos los reos y sus familiares en unos centros de reclusión que cumplen cualquier función, menos la de educar y reinsertar a quienes han cometido algún delito. Pero los recientes hechos en la cárcel de Uribana donde han perdido la vida 38 personas y otro grupo sigue en condición crítica, cuya explicación aun no conocemos y que ha resultado en la detención del director del penal, nos muestra de forma descarnada el horror que puede resultar de la sistemática violación de los derechos que se ha vuelto la norma en nuestros penales.

Para muchas personas, el dolor de los familiares que los días pasados se han acercado a Uribana a saber la suerte de sus seres queridos resulta algo lejano. Pero las cárceles no son un problema ajeno a nuestra cotidianidad, la violencia que vivimos en el día a día está directamente asociada con el pésimo funcionamiento de nuestro sistema judicial y penitenciario. La ciudadanía teme denunciar delitos por temor a la policía y sus excesos, los delitos denunciados difícilmente serán investigados y juzgados, quienes son apresados residen hacinados en penales donde imperan la violencia y el orden establecido por los pranes. El acceso a la justicia depende del nivel económico del procesado y su familia, los procesos pueden dilatarse por años sin que haya sentencia.

La alta violencia que nos acompaña desde hace años tiene múltiples causas: problemas sociales, familiares y psicológicos, el crecimiento del narcotráfico y el expendio ilegal de armas; pero dentro de este panorama, la responsabilidad del estado es lo principal. La debilidad de nuestras instituciones públicas para hacer cumplir la ley, para investigar y sancionar. Pero esta institucionalidad no solo peca por omisión, su irrespeto a los derechos humanos, el hacinamiento, los hechos de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales son causa directa del crecimiento exponencial de la violencia. Humanizar la policía y el sistema penitenciario es condición indispensable para la convivencia pacífica que nuestro pueblo exige a gritos. ¡Ya basta de eludir la responsabilidad de nuestros gobernantes!  No queremos más muertos. No queremos más Uribana.