La directora del Centro de Derechos Humanos UCAB (CDH UCAB), Ligia Bolívar, evaluó el balance que realizó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con respecto a las protestas efectuadas entre febrero y junio del año pasado, y la actuación de los cuerpos de seguridad.
Ortega Díaz informó que el total de personas fallecidas fue 43 y el de lesionados fue 878, destacando los casos de Bassil Da Costa, por el cual hay ocho funcionarios acusados: uno privado de libertad y los otros siete con medidas cautelares sustitutivas de libertad de presentación periódica; el caso de Alejandro Márquez, por el cual existen dos órdenes de captura y al que fue comisionado recientemente un fiscal adscrito a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales; el caso de Geraldín Moreno, por el cual fueron acusados dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana; y el caso de Adriana Urquiola, en el cual se libró una orden de aprehensión y alerta roja contra el presunto homicida.
Bolívar considera que es ineficiente la gestión de la fiscalía, ya que se han planteado posibles respuestas a cuatro casos de 43, y destaca que los casos atendidos corresponden a la ciudad capital y no al resto del país, en los cuales también es necesario tomar acciones pertinentes con respecto a las denuncias.
Igualmente, Bolívar hace mención a casos como el del diputado Robert Serra o el de Juan Montoya, que fueron resueltos con rapidez, por lo que se pregunta: “¿Por qué otros casos de agresiones en los cuales los implicados están identificados no se actúa con igual rapidez?”.
“Lo que se demuestra es que ante las autoridades sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir, casos que tienen más prioridad que otros cuando todos los casos son prioritarios por igual”, comenta.
La directora mencionó el caso del presidente de la organzación Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, quien fue detenido por funcionarios del Sebin en el aeropuerto de Maiquetía: “Es imposible que sea más fácil detener a un civil en un aeropuerto que a un miembro de los cuerpos de seguridad, quien, en teoría, debe cumplir guardias y está plenamente identificado”.
Asimismo, Bolívar denunció que, desde hace meses, hay personas que solicitan ser llamadas a realizar el retrato hablado de su agresor, o que se les hagan las pruebas forenses, pero “la fiscalía sigue sin atender estos llamados y, por ende, la cadena de custodia se ha perdido y el cúmulo probatorio va desapareciendo”.
El CDH UCAB manifiesta su profunda preocupación, más aún cuando se han evidenciado los altos índices de impunidad y se ratifica en el cargo de fiscal a la misma persona. La directora afirma que por parte de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de derechos humanos “no queda más que seguir documentado, seguir haciendo seguimiento a las situaciones y seguir exigiendo que se tomen las acciones pertinentes. Pues las últimas decisiones las toman los jueces y fiscales”.
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