La directora del Centro de Derechos Humanos UCAB (CDH UCAB), Ligia Bolívar, evaluó el balance que realizó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con respecto a las protestas efectuadas entre febrero y junio del año pasado, y la actuación de los cuerpos de seguridad.
Ortega Díaz informó que el total de personas fallecidas fue 43 y el de lesionados fue 878, destacando los casos de Bassil Da Costa, por el cual hay ocho funcionarios acusados: uno privado de libertad y los otros siete con medidas cautelares sustitutivas de libertad de presentación periódica; el caso de Alejandro Márquez, por el cual existen dos órdenes de captura y al que fue comisionado recientemente un fiscal adscrito a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales; el caso de Geraldín Moreno, por el cual fueron acusados dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana; y el caso de Adriana Urquiola, en el cual se libró una orden de aprehensión y alerta roja contra el presunto homicida.
Bolívar considera que es ineficiente la gestión de la fiscalía, ya que se han planteado posibles respuestas a cuatro casos de 43, y destaca que los casos atendidos corresponden a la ciudad capital y no al resto del país, en los cuales también es necesario tomar acciones pertinentes con respecto a las denuncias.
Igualmente, Bolívar hace mención a casos como el del diputado Robert Serra o el de Juan Montoya, que fueron resueltos con rapidez, por lo que se pregunta: “¿Por qué otros casos de agresiones en los cuales los implicados están identificados no se actúa con igual rapidez?”.
[cita_izquierda] “Lo que se demuestra es que ante las autoridades sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir, casos que tienen más prioridad que otros cuando todos los casos son prioritarios por igual” [fin_cita], comenta.
La directora mencionó el caso del presidente de la organzación Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, quien fue detenido por funcionarios del Sebin en el aeropuerto de Maiquetía: “Es imposible que sea más fácil detener a un civil en un aeropuerto que a un miembro de los cuerpos de seguridad, quien, en teoría, debe cumplir guardias y está plenamente identificado”.
Asimismo, Bolívar denunció que, desde hace meses, hay personas que solicitan ser llamadas a realizar el retrato hablado de su agresor, o que se les hagan las pruebas forenses, pero “la fiscalía sigue sin atender estos llamados y, por ende, la cadena de custodia se ha perdido y el cúmulo probatorio va desapareciendo”.
Ejemplo de la leyenda
El CDH UCAB manifiesta su profunda preocupación, más aún cuando se han evidenciado los altos índices de impunidad y se ratifica en el cargo de fiscal a la misma persona. La directora afirma que por parte de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de derechos humanos [cita_derecha] “no queda más que seguir documentado, seguir haciendo seguimiento a las situaciones y seguir exigiendo que se tomen las acciones pertinentes. Pues las últimas decisiones las toman los jueces y fiscales” [fin_cita].
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