Durante el foro Construyendo la Institucionalidad Democrática, profesores y alumnos coincidieron en que es indispensable un sano funcionamiento de las instituciones del Estado para que se garanticen los derechos humanos de los venezolanos.
En sus diagnósticos alertaron que el Estado, a diferencia de lo que hace actualmente, debe cumplir con los planes nacionales y compromisos internacionales en la materia, y establecer quiénes son los organismos responsables en cada una de las áreas.
“Se debe establecer quiénes son las autoridades en materia de derechos humanos en las instancias descentralizadas, porque no solo son competencia del Estado central”, expresó María Gabriela Cuevas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
“Se tiene que liberar a las 43 personas que permanecen detenidas injustamente durante las protestas (…) se hace indispensable crear espacios de entendimiento de todos los sectores de la sociedad para rescatar la institucionalidad”, manifestó Nizar El Fakih, integrante del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
El director del Postgrado de Comunicación Social, Marcelino Bisbal, explicó la importancia de garantizar la libertad de expresión en el marco de una democracia: “No se puede hacer un uso ideológico de las tecnologías de información; no obstante, la fiscal general de la República ya ha anunciado la posibilidad de regular las redes sociales”.
Las consideraciones recogidas en este foro se presentarán a la ciudadanía prontamente. El objetivo con esto —y con las demás iniciativa de Propuestas Venezuela 2015— es que el conocimiento producido en la UCAB sirva para fomentar los debates constructivos en el país.
ALGUNAS PROPUESTAS ESENCIALES
- Venezuela debe volver a formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Abrogar la resolución n° 8610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que permite el uso de armas de efectivos de seguridad en manifestaciones pacíficas.
- Libertad plena para las 1.957 personas a las que se les sigue injustamente un proceso penal por las protestas de 2014.
- Cese del hostigamiento al disenso.
- Cese de hostigamiento a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
- Desmantelar los grupos paramilitares.
- La Defensoría del Pueblo debe asumir, sin cortapisas, la protección de los derechos humanos.
- Se debe garantizar el acceso universal de internet para la población.
- El Estado debe desistir de llevar adelante una hegemonía comunicacional y transformar los medios en su poder, dedicados a la propaganda partidista, en servicio público, esto es, abiertos al pluralismo y al respeto de los ciudadanos.
- El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información debe ser un organismo técnico y no usado para promover la propaganda ideológica.
- Devolver la concesión a los medios radioeléctricos.
- Garantizar el acceso de la información pública a los comunicadores sociales.