Francisco José Virtuoso
Es inadmisible que al día de hoy el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya fijado fecha para las próximas elecciones parlamentarias. No hay razón para que no contemos con un día preciso en el último trimestre de este año, cuando desde hace mucho tiempo se sabe que estos comicios deben llevarse a cabo en este período. Las razones señaladas en una entrevista reciente por la presidenta del CNE fueron que las solicitudes de elecciones internas realizadas tanto por el PSUV como por la oposición complicaron el trabajo normal del ente comicial.
Fijar la fecha de las elecciones parlamentarias permitiría, en primer lugar, despejar todo tipo de dudas sobre la intención o no de celebrar dichas elecciones. Son muchos los rumores que corren y que contribuyen a crispar el ambiente político, lo que genera zozobra e incertidumbre.
La fijación de la fecha es fundamental para los candidatos y las organizaciones políticas, los cuales pueden planificar mejor sus campañas electorales y sus estrategias. También la ciudadanía en general y las instituciones pueden organizar más adecuadamente su participación en este evento.
Pero más allá de estos argumentos prácticos, lo más relevante tiene que ver con la seriedad institucional, cosa de la que lamentablemente carecemos en demasía por estos tiempos. Si para algo las instituciones son relevantes en una sociedad, es para generar confianza, establecer normas claras, dar ejemplo de apego a la ley y con todo ello marcar derroteros claros para la acción colectiva.
Estas elecciones parlamentarias tienen un significado fundamental en la construcción de espacios para procesar políticamente la crisis que vivimos como sociedad. Dada esta relevancia, el CNE está obligado a generar confianza para la masiva participación electoral y en la generación de expectativas que contribuyan a fortalecer las esperanzas en la composición política del nuevo Parlamento.
Lamentablemente este no es el rol que está desempeñando el CNE en este momento. Muy por el contrario, parece empeñado en contribuir a desmovilizar a la ciudadanía. Por una parte, se decide arbitrariamente suspender la elección directa de los miembros al Parlamento Latinoamericano, ante la solicitud del partido oficial de gobierno. En segundo lugar, se reforma la composición de algunos circuitos electorales, concediendo una clara ventaja a los partidarios del gobierno. Tampoco se acepta la presencia de la observación internacional de organismos de amplia trayectoria y reconocimiento en la materia como son la OEA y la Unión Europea, pretendiéndolas sustituir bajo el artificio del «acompañamiento electoral» de personalidades internacionales invitadas por el CNE. La observación nacional también viene siendo limitada desde hace varios años.
Lo peor que podemos hacer los ciudadanos es caer en la trampa de la desmovilización, haciéndoles el juego a quienes están empeñados en desdibujar la institucionalidad del proceso electoral. Los ciudadanos debemos exigir condiciones electorales íntegras, debemos organizarnos para participar en la vigilancia del proceso electoral y, especialmente, hacer uso de nuestro derecho al voto.
Publicado en el diario El Universal el 13 de mayo de 2015