El investigador de la Universidad del Zulia Alexis Romero advirtió que, desde la década de los noventa, se ha incrementado el número de empresas y personas que se dedican a la seguridad privada en Venezuela. El problema estriba en que no todas estas organizaciones ni ciudadanos lo hacen de forma legal y con preparación adecuada.
“La seguridad es una mercancía que una sociedad temerosa busca ante la desprotección que tiene del Estado”, manifestó el docente en el foro Coacción entre lo Público y lo Privado, que forma parte de Propuestas Venezuela 2015, una iniciativa de la UCAB para poner sus investigaciones, debates académicos y conocimientos a disposición de los venezolanos para contribuir con la solución a los problemas del país.
La seguridad privada pasó de tener 522 empresas autorizadas por el Estado en 1999 a mil 46 en 2013. Pese al avance de este sector, su regulación está fijada por un instrumento legal que data de 1975. No se ha actualizado debido “a la resistencia del Gobierno a admitir la relevancia que han adquirido los servicios privados y la desconfianza por parte de los empresarios de este sector”.
Esto ha favorecido la operación de organizaciones y personas que ofrecen servicios de seguridad de forma ilegal, pues no tienen autorización de los ministerios de Defensa o de Interior, Justicia y Paz. En otros casos tienen la autorización, pero no la renuevan porque los requisitos y trámites son engorrosos, según alegan los empresarios. Esto impide que no se les pueda vender armamento y trabajen con equipo improvisado o insuficiente para resguardar vidas y bienes.
Es así como no solo se consiguen empresas que apenas tienen el registro mercantil, sino que también hay personas que ofrecen seguridad y vigilancia de manera individual como los llamados “guachimanes” de los edificios residenciales, los “biencuidaos” que vigilan los carros en las calles y hasta los “poliwayúu”, es decir, personas, generalmente pertenecientes a la etnia wayúu en el Zulia, que brindan vigilancia vecinal con apenas una bicicleta, un pito y un rolo de policía.
Romero advirtió que este escenario demuestra que en el país se considera más “económico” ofrecer y costear seguridad privada —legal o improvisada— que recomponer el tejido social.