Desde el año 1990, diversos criminólogos han enfocado su atención en la informalidad del control en las cárceles. Durante el foro Coacción entre lo Público y lo Privado, Andrés Antillano, psicólogo con un máster en el sistema penal y problemas sociales, se dio a la tarea de explicar el autogobierno que mantienen los «pranes» —líderes carcelarios— en las cárceles venezolanas. Aunque esta no es una situación predominante, sin embargo, se mantiene, así como las condiciones que la hacen posible.
Antillano expone que uno de los factores principales que permiten este fenómeno es el aumento de la población carcelaria.
Entre 1990 y 2015 la población carcelaria ha pasado de doce mil a 56 mil reclusos
Este aumento significativo quebranta el orden previo y la capacidad de control que tiene el Estado. No obstante, presenta oportunidades políticas para la instauración del «carro» —gobierno carcelario— liderado por el más fuerte del ente de reclusión y los encargados del control regular, llamados «pranes» y «luceros», respectivamente.
Este sistema de gobierno dentro de las prisiones venezolanas sigue un conjunto de normas para lograr ese ambiente de convivencia entre los internos. Antillano explica que cuentan con una rutina, así como con normas y regulaciones en cada actividad que hacen los internos. De esta manera se evita la violencia innecesaria entre ellos y se mantiene un control de sus relaciones.
Antillano explica:
No hay violencia que no sea autorizada, el monopolio de la violencia está en manos del gobierno —instaurado por los pranes—, y puede ser sancionado por el Tribunal del Hampa
Asimismo, el psicólogo también añade que este sistema de control funciona como el de cualquier gobierno de Estado: se paga una «causa», impuesto que debe pagar cada interno para gozar de los beneficios de la cárcel; se instauran garitas, puestos de vigilancia; y se cuenta con un sistema económico que se maneja con una renta que debe pagar el grueso e la población reclusa, que comúnmente recibe el nombre de «brujas» o «trabajadores».
Antillano también reconoce que el gobierno que dirigen los pranes venezolanos en diversas cárceles se sostiene con base en la legitimidad. Si algún recluso no está de acuerdo con el «gobierno» del pran, se hace un «cambio de carro o volante» mediante un «golpe de Estado».
Otro aspecto que no se debe pasar por alto es el ingreso de armas de fuego, situación que se presenta desde 1990, según explica el investigador. Las armas son la condición para que sea posible el monopolio de la violencia y uno de los requisitos para la coacción.
Como consecuencias del surgimiento de un control no constitucional de los lugares de reclusión, existe una deslegitimación del Estado, de la administración de la justicia y de los cuerpos policiales.
Este foro forma parte de la iniciativa Propuestas Venezuela 2015, que busca dar a conocer las investigaciones y debates académicos que puedan servir para solucionar los problemas más apremiantes del país.
En la foto: el psicólogo e investigador Andrés Antillano
♦ K. G.