Francisco José Virtuoso
El modo de gobierno en Venezuela es estrambótico. Se trata de administrar lo público a través de acciones que produzcan impacto, que infundan miedo, que den mucho de qué hablar nacional e internacionalmente, que pongan en evidencia la mano dura del gobernante y la fuerza del Estado para hacerse valer. Generalmente, hay discursos públicos de tono fuerte para anunciar las medidas, reparto de ofensas sin discriminación y prudencia a quiénes se califica de enemigos y argumentos justificativos que no explican mucho pero sí acusan con contundencia. En su discurso del pasado viernes 28 de agosto ante un grupo de militantes del PSUV, convocados para apoyar las medidas en la frontera tachirense con Colombia, el Presidente Maduro dijo: «En Venezuela no hay un gobiernito, sino una revolución con cuatro bolas, una revolución anti oligárquica, antiimperialista y profundamente chavista, ¡carajo!».
Las medidas referidas son un buen caso para ejemplificar lo estrambótico como modo de gobierno. El pasado 21 de agosto, el gobierno venezolano decretó el cierre de frontera y estado de excepción constitucional en los Municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta del estado Táchira. El 28 de agosto, el cierre de frontera y movilización de 3.000 efectivos militares en los Municipios Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano del mismo estado.
A los pocos días, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportaba, que las acciones desarrolladas por el gobierno de Venezuela, habían dejado como saldo 1.088 ciudadanos colombianos deportados /repatriados en el Norte de Santander, incluyendo 244 menores de edad. También estimaba el informe, que 4.260 personas han retornado espontáneamente a Colombia desde los municipios afectados por la medida.
Las acciones han sido legitimadas como respuesta a la “guerra económica” que desde el país vecino se desarrolla contra Venezuela, mediante el comercio ilegal de extracción, la manipulación artificial del tipo de cambio y el negocio ilícito que dirigen diversos grupos irregulares, con omisión de las autoridades colombianas. La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia han señalado que el gobierno actúa en el marco de la potestad que le concede la Constitución Nacional y que las circunstancias justifican la aplicación del estado de excepción.
Los problemas referidos en la frontera colombo-venezolana son muy graves. Muchos voceros así lo han señalado con claridad desde hace tiempo, sin que hayan encontrado respuesta en los gobernantes de nuestro país y en Colombia. La población residente es quien más ha sufrido y es quien con estas medidas la está pasando peor. No se ve cómo los grandes responsables de mantener el orden en la frontera van a ser puestos “en orden”, cómo se va a enfrentar la corrupción de militares y políticos, entre otros actores importantes. Pero, además de todo ello, desde el punto de vista de nuestros problemas económicos, cerrar la frontera no detiene el contrabando, porque en nuestro país los estímulos para el contrabando se mantienen intactos. Al mismo tiempo, el impacto económico del cierre de frontera para ambos países es demoledor. Desde el punto de vista social, los impactos son duros y crueles. Desde el punto de vista diplomático, estamos perdiendo un socio tradicionalmente importante.
Obviamente, estas debilidades ponen de manifiesto que las medidas adoptadas buscan otros efectos de índole simbólico, mediático y movilizador en un contexto de grave vulnerabilidad del gobierno, para lo cual lo estrambótico como modo de gobernar puede funcionar.
Publicado en el diario El Universal el 2 de septiembre de 2015
