31 organizaciones venezolanas que velan por los derechos humanos comparten comunicado en donde exigen al gobierno venezolano el retorno del país a los organismos de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), después de dos años de su retiro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Además, exponen la eficiente actuación de los organismos de la CADH en el caso Ayotzinapa y reiteran la importancia del CIDH en la defensa de los derechos humanos de la región.
Comunicado: A dos años de la Denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos por el Estado venezolano
Este 10 de septiembre de 2015 se cumplen dos años de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), después de que el Estado venezolano activara los mecanismos para ello, mediante la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). A pesar del rango constitucional de este tipo de tratados y el principio de progresividad en materia de derechos humanos consagrado en nuestra Carta Magna, la decisión gubernamental se realizó tras una campaña de descrédito y criminalización tanto a este tipo de organismos internacionales, como a las organizaciones que acuden a ellos.
Sin embargo, la actuación tanto de la Corte IDH como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su importancia en la protección y defensa de la dignidad de mujeres y hombres en la región. Recientemente la CIDH, mediante un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ha colaborado con el Estado mexicano para alcanzar justicia en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Después de 6 meses de trabajo el GIEI ha emitido el informe“Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, que ha brindado importantes elementos para conocer la verdad de lo sucedido. El trabajo de la CIDH ha demostrado su importancia en casos de violación a derechos humanos cuando el Estado en el que han ocurrido, por diferentes razones, no puede garantizar la justicia.
Debido a las diversas irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia venezolano, la impunidad se ha convertido en uno de los problemas graves de violación a derechos humanos en el país. Sin embargo, las víctimas y las organizaciones que las acompañan, tras el agotamiento de las instancias internas, hoy no cuentan con la posibilidad que sí tienen los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa o de tantos otros casos atendidos por la CIDH así como por la Corte IDH: que en sus correctas peticiones se haga justicia. Nuestro país podría pedir un asesoramiento técnico similar al implementado en México para allanar el camino a la verdad de situaciones que hoy parecen de difícil resolución, como por ejemplo las 43 personas asesinadas en el año 2014 en el contexto de manifestaciones, así como otros casos de trascendencia pública y que continúan en impunidad. Lamentablemente, Venezuela ha optado por el camino de debilitar los mecanismos regionales existentes que pueden proteger a las personas en condiciones vulnerables frente al abuso de poder.
A pesar de la existencia de un recurso de inconstitucionalidad introducido en el Tribunal Supremo de Justicia, que no tenido decisión alguna, las organizaciones firmantes continuaremos exigiendo que el gobierno venezolano rectifique en su decisión de no estar bajo la jurisdicción de la Corte IDH, como lo han recomendado las evaluaciones de los organismos de Naciones Unidas. Además, seguiremos demandando que la Defensoría del Pueblo hable alto y claro para exigir el retorno de nuestro país a los organismos regionales de protección derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Suscriben:
Acción Solidaria, Asociación Civil Fuerza Union Justicia Solidaridad y Paz, Catedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, Cepaz, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Civilis Derechos Humanos, Comisión Inter Institucional de DDHH de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Derechos Humanos Y@, Espacio Público, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente, Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA, Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Laboratorio de Paz, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de la Salud, Oficina de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Valencia, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Red de Organizaciones por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, Sinergia, Sociedad Hominis Iura, Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa de Venezuela y Una Ventana a la Libertad.
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