El pasado 14 de julio, el gobierno nacional presentó una propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos (DDHH). La directora del Centro de Derechos Humanos (CDH) UCAB, Ligia Bolívar, enumera las razones por las cuales el centro, en compañía de otras organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los DDHH, ha decidido no responder a la invitación del Gobierno a discutir este plan y no realizar aportes al mismo.
- Un Plan Nacional de Derechos Humanos debe partir de un diagnostico consultado, y en Venezuela no se ha hecho tal diagnóstico. En él se deben llamar a diferentes entes, no solo a las víctimas y afectados de diferentes sectores como pueden ser comunidades indígenas, personas con discapacidad, quienes deben formar parte fundamental de la consulta, sino que incluso se debe llamar a universidades, a organizaciones del sector oficial, a centros de investigación. En resumen, a todo aquel que tenga que ver con la defensa y promoción de alguno de los derechos humanos.
- Este plan va en paralelo de las Naciones Unidas: si el plan surge como una iniciativa en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en el año 1993, se supone que un insumo fundamental será la adecuación de las políticas públicas a los compromisos internacionales asumidos por el país frente a los diferentes órganos de protección. Pero en este plan se habla de Unasur y de Mercosur, y de una manera general y ambigua se menciona al campo de protección de Naciones Unidas. Unasur y Mercosur son espacios multilaterales pero no tienen propiamente un espacio de protección y defensa para las víctimas.
- En Viena se ratificó el principio de universalidad y el principio de indivisibilidad e interdependencia, es decir, todos los derechos deben estar contemplados en los planes nacionales, no es que los políticos son más importantes que los económicos, sociales o culturales, como sucede en este caso. Por eso la consulta debe ser más amplia y con sectores tanto públicos como privados.
- La cuarta falla es que el plan es muy ambiguo y genérico: se habla de ejes, se dice que a partir de la consulta eso se va a desarrollar mejor, pero no hay forma de cuantificar metas. Cuando se habla del fortalecimiento de la justicia, se deben tener metas cuantificables que tienen que partir de un diagnóstico. Por ejemplo: cuántos son los jueces que no son titulares y a partir de allí, cuánto tiempo vamos a necesitar para lograr que todos lo sean. Esa es la meta. No es el fortalecimiento de la justicia así por así.
- Además, un plan de DDHH para que sea realizable necesita recursos. Por ejemplo: ¿cuánto va a costar la profesionalización del poder judicial? Y en ningún momento se establecen los presupuestos o el dinero que se va a destinar para que esto sea viable.
- Por último, otra cosa preocupante es que se le pone un apellido al plan: “democracia socialista” y los derechos humanos no tienen un apellido. La propuesta de incluir el termino socialismo en la Constitución Nacional fue derogada, por lo tanto la Carta Magna no es la constitución socialista, y cuando se le empieza a poner apellidos a los derechos humanos, ya se vuelven excluyentes.
Ante todo esto, el plan se convierte en un catálogo de buenas intenciones, afirma Bolívar: ¿Cuáles son nuestras propuestas? Ninguna, porque si no tienes el marco metodológico claro, lo demás que se agregue cae en un espacio sin soporte. Es por esto que no hicimos, ni haremos, ningún comentario sustantivo sobre aspectos específicos del plan.
Noor Pérez