Marielba Núñez
A nadie se le ocurriría conducir un vehículo con los ojos vendados pero algo así es lo que nos piden los organismos estatales cuando toman la decisión de dejarnos sin información. La ausencia de datos es un problema que afecta a todos los venezolanos y las autoridades faltan a un deber fundamental al no ofrecerlos en forma oportuna, no sólo en el área económica, como está exigiendo actualmente un grupo de organizaciones al Banco Central de Venezuela, sino también en aspectos como la salud o la criminalidad.
El retraso en la publicación tanto del Índice de Precios al Consumidor como del Índice de Escasez vulnera, entre otros, el artículo 319 de la Constitución que establece la obligación del BCV de rendir informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas y analizar sus implicaciones, como recuerda la ONG Provea en una carta que envió al presidente del organismo, Nelson Merentes, el pasado 17 de septiembre.
Lo cierto es que la omisión de la información en áreas fundamentales se ha convertido en una práctica común, que se agudiza en los momentos de mayor crisis. Basta recordar lo que ha ocurrido con las cifras que contabilizan el impacto de epidemias como dengue o chikungunya. En no pocas oportunidades, las asociaciones médicas han denunciado la dilación en dar a conocer el número de casos de estas y otras enfermedades que se han registrado en el país. El Ministerio de Salud también ha tomado la opacidad como política, hasta el punto de dificultar el acceso a datos actualizados y dejar de insertar el Boletín Epidemiológico en su página web, como lo hacía en el pasado.
Lo mismo ocurre con las cifras que dan cuenta de las muertes violentas, pues la mayor parte de las estadísticas sobre este tema que se difunden a través de los medios de comunicación se obtienen por vías extraoficiales. Lo saben perfectamente los periodistas que cubren la fuente de sucesos, cuya dedicación permite al menos tener una idea de la gran cantidad de homicidios que enluta a las familias venezolanas y quiénes son las víctimas.
Este afán por retener la información, en todo caso, podría compararse con el intento de tapar el sol con un dedo, pues el ciudadano que sufre en carne propia las consecuencias de la inflación o de la escasez, así el asedio de enfermedades o el creciente temor por la inseguridad y la violencia, termina conociendo perfectamente cuál es la magnitud de los problemas. Ocultar los datos no parece tener entonces otro fin que permitir que el gobierno se justifique a sí mismo su ceguera ante los problemas que están asolando el país como si se tratara de un cataclismo.