Diversas organizaciones en pro de los Derechos Humanos, entre las cuales destacan Provea, Redhnna, Cecodap y Codevida, se reunieron en el Centro Cultural UCAB para participar en el foro Justicia y Salud en Venezuela, en el cual se trataron aspectos sobre la importancia del derecho a la salud y el estado actual de casos judiciales en contra de centros de salud del Estado.

La socióloga Carla Serrano, miembro de Redhnna y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, habló sobre las diferentes acciones de protección judicial del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes impuestas al Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, mejor conocido como el J. M. de los Ríos, debido a la falta y decadencia en los servicios de salud.

En los años 2001 y 2004, Cecodap procedió de manera legal contra el hospital, principalmente por botes de aguas negras, la realización de procedimientos sin sedación, ventilación manual a los pacientes, la falta de medicinas y más de 600 niños con cardiopatías en lista de espera.

Las recomendaciones fueron: realizar un plan especial para la recuperación, remodelación y ampliación del toda la infraestructura del hospital, así como ampliar el suministro de medicinas y garantizar la contratación del personal.

Serrano agregó: “Es inaceptable el estado actual de un centro asistencial que atiende niños y niñas de diversas regiones del país”.

En el año 2012, el centro asistencial atendió a 2.139 niños, gran parte provenientes del interior del país, quienes pasaban meses internados por diversos problemas. Para este año el hospital contaba con 180 camas, ya para el 2013 poseía 178.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCAB publicó en el 2012 una investigación con respecto al caso de J. M. de los Ríos, de allí se concluyó que el centro hospitalario no cumplía con las normas para prestar un buen servicio; debía hacer cambios urgentes por el bien de los pacientes.

Vale destacar que este programa fue una unión entre Cecodap, Luz y Vida, Redhnna, Provea y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes.

 

Caso del IVSS de la Ovallera

El día 20 de marzo del año 1993, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la Ovallera, estado Aragua, contrató a dos empresas externas: una para hacer un mantenimiento en el sistema de aire acondicionado y otra para una fumigación preventiva en las instalaciones.

La primera empresa había hecho una limpieza en los ductos, pero instalaron las aspas al revés, lo que originó que en lugar de ventilar aspirara el aire, ocasionando que todo el humo tóxico de la fumigación se distribuyera a lo largo de las instalaciones del IVSS.

Esto originó una intoxicación masiva tanto de pacientes como parte del personal médico, técnico y obrero del hospital. Las autoridades correspondientes llegaron al sitio el día después del acontecimiento, clausurando hasta nueva fecha el centro asistencial.

Jessica Duhan, egresada de Sociología de la UCAB y miembro de la asociación Provea, expresó: “Esta ha sido una larga lucha, en la cual hemos acompañado en cada momento a las víctimas, pero lo último que se pierde es la esperanza”.

Resaltó que hasta la fecha existen cuatro sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del IVSS, en las cuales se estableció que el éste era el único responsable y debía resarcir a las víctimas por sus daños. No obstante, destacó que han sido pocos los casos que han conseguido una indemnización y ayuda asistencial.

Provea, junto a las víctimas del accidente, aspira que en algún momento el IVSS, después de tantas sentencias, reconozca su responsabilidad en los hechos y cumpla con la orden del máximo tribual del país.

♦ L.E.M.