Ronald Balza
El 3 de noviembre el presidente de la Asamblea Nacional, sus vicepresidentes y secretarios firmaron un acuerdo en rechazo a la paralización de las universidades autónomas. En él se lee que diez de sesenta y cinco universidades públicas se encontrarían “secuestradas” por la FAPUV y los consejos universitarios, con lo cual doscientos mil estudiantes estarían “condenados… a caer en el campo del ocio” como parte de una “política de la oposición venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a retirar a sus hijos de estas universidades y llevárselos al exterior, o a las instituciones privadas para que estas se enriquezcan aun más”. Con esto la Asamblea descarta como alternativa las cincuenta y cinco universidades públicas no “secuestradas” y las ciento ocho instituciones de “régimen privado”, a donde, dice, asistirían los restantes un millón 800 mil estudiantes no “condenados”. Tampoco tiene en cuenta que algunos preferirían educación técnica, artística o deportiva, si se ofreciese con la suficiente calidad. Ni considera que muchos emigrantes no abandonen Venezuela como estudiantes sino como profesionales, incluyendo profesores e investigadores, egresados de esas universidades.
Las universidades autónomas se encontrarían, según la Asamblea, en un “estado de sitio… que proviene de su propio interior”. Un “enemigo… interior” habría convertido sus “espacios de influencia” en “espacios de decadencia…, secuestrando el ámbito académico y científico, para generar procesos de insubordinación a la ley”. Antes de citar el artículo 1° de la Ley de Universidades, que define a la Universidad como “una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad”, el acuerdo sostiene que “los profesores, los estudiantes, y los empleados deben analizar lo que ocurre en el país y en el mundo sobre la baja del precio del petróleo y establecer líneas de estudios fundamentales para la construcción de la sociedad que queremos”. Y luego, solo punto y seguido después, resume la única conclusión que aceptará para cualquiera de las líneas de estudio: “la verdad es que la baja de los precios del barril de petróleo es el producto de la política de los Estados Unidos de Norteamérica para acabar con los países que han desarrollado políticas soberanas y que le impiden dominar el mundo”, como si en el mundo solo los vendedores de petróleo fuesen soberanos. En otra parte el acuerdo amplía la lista de certezas que ni el análisis “rigurosamente” científico de “todas las corrientes del pensamiento universal” ni la conversión de los “educadores… en verdaderos maestros de la abnegación” podrían rebatir: el país sufriría “un cumulo [sic] de dificultades, tales como: la guerra económica, el cerco financiero de los diferentes organismos internacionales que impide a la República… obtener préstamos, la vigilancia feroz que establecen los Estados Unidos… sobre el pago de los bonos de la deuda pública, en la búsqueda de que el Estado no pueda pagar”. Ninguna mención a la indisciplina fiscal, al desorden monetario, a la multiplicidad de tipos de cambio, a la ausencia de información pública, a los incentivos a la corrupción. La Asamblea descarta que las “diferencias ideológicas” interfieran con “la contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, en los términos que la Asamblea pretenda dictar a las universidades.
El acuerdo exhorta al Estado a “asumir su responsabilidad abriendo un proceso de transformación”, en referencia directa al proyecto de Ley de Educación Universitaria que en 2010 pretendió subordinar las decisiones universitarias a la aprobación de un ministro. La Asamblea en esta oportunidad hizo dos sugerencias al Gobierno Nacional y una al Estado venezolano. La primera, demandar ante el TSJ a los cuentadantes de las universidades por “perjuicio al Estado venezolano”. La segunda, tomar medidas “ante” el Ministerio del Trabajo “por el paro ilegal desarrollado por las universidades”. La última, realizar una auditoría “a las universidades que se encuentran paralizadas”. La Asamblea no espera el veredicto del TSJ para calificar de “paro ilegal” en “desarrollo” la “paralización” de las universidades autónomas. Presenta como doliente al Estado, y no a la nación, ni a la patria, ni al pueblo, aunque les nombre previamente. Pide al Gobierno que haga gestiones ante un ministerio, como si no fuese parte del Gobierno. Pide auditorías, pero solo a universidades “paralizadas”, en lugar de pedirlas a todas las universidades públicas y, de paso, al Fonden y a los fondos chinos.
A los dos días de publicado el acuerdo comenzó el sexto Encuentro nacional de estudiantes de Economía en la ciudad de Mérida. Preparado durante un año por un grupo de estudiantes de la ULA, con el apoyo activo del decano de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, logró reunir delegaciones estudiantiles de la mayoría de las escuelas de Economía del país. Estas no solo recibieron, escucharon y cuestionaron a catorce ponentes. Se reunieron en mesas que discutieron problemas específicos, y llegaron a conclusiones propias que los presidentes de cada mesa leyeron el sábado 7 de noviembre ante estudiantes, empleados y profesores, incluyendo las autoridades de la facultad. Al cierre del encuentro, los organizadores del vigesimoprimer Congreso de Economía UCAB invitaron a los presentes a participar en él, asistiendo al Aula Magna de su universidad el 13 y 14 de noviembre de 2015.
Hay estudiantes de Economía en las universidades públicas y privadas que nunca han caído “en el campo del ocio”, porque el ocio no es consecuencia de “paros” ilegales o no, sino de la preferencia por respuestas fáciles a preguntas difíciles. Ellos, colaborando con profesores y empleados, insisten en “la búsqueda de la verdad” porque la necesitan. No pretenden estar de acuerdo en todo, ni se exigen negar sus diferencias. Y en asuntos tan específicos como el comportamiento de los precios del petróleo, las causas de la inflación y la escasez y las consecuencias de aplicar políticas económicas, no pueden aceptar sin críticas, doctrinariamente, las explicaciones de los funcionarios del Estado.
El desmoronamiento de nuestras universidades está en marcha, y es visible desde su interior. La “paralización” es una consecuencia, y no una causa. Sin embargo, el entusiasmo, la capacidad y la responsabilidad de los organizadores y participantes de estos dos eventos nos autorizan, entre otras razones, para conservar las esperanzas y sostener el esfuerzo.