Fernando Mires
La tarea del comentarista político no se reduce a analizar cada hecho por separado. Se trata más bien de descubrir las relaciones que existen entre ellos. En ese sentido la tarea analítica no es diferente de la del historiador. En ambas prácticas, la historiográfica y la analítica, lo fundamental es deducir, ante la presencia de los hechos, la existencia o inexistencia de procesos. La diferencia reside solo en el uso de los tiempos.
Mientras el historiador debe operar sobre la base de hechos ya ocurridos, el analista debe hacerlo sobre hechos que están ocurriendo. El tiempo de la política, a diferencias del tiempo de la historia que es el pasado, es el gerundio.
Ahora bien, en la Venezuela de Maduro han ocurrido en menos de treinta días tres hechos de fuerte impacto. ¿Son tres hechos aislados o son expresiones de todo un proceso? La pregunta, desde un punto de vista político, parece ser importante.
El primer hecho surge de las declaraciones (23 de octubre) emitidas en los EEUU por el fiscal acusador de Leopoldo López, Franklin Nieves. Declaraciones en las cuales fue claramente estatuido cómo las pruebas que llevaron a condenar a más de trece años de prisión al dirigente político, no solo son falsas sino, además, fueron elaboradas por el propio gobierno.
El segundo hecho fue la carta dirigida por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a Tibisay Lucena (9 de noviembre). En esa carta Almagro deja muy claro que el régimen venezolano ha incurrido en gravísimas faltas que llevarían a adulterar el evento electoral del 6-D, razón por la cual Almagro exige la presencia de observadores internacionales en los comicios.
El tercer hecho fue la detención —mediante un perativo de la DEA en Puerto Príncipe (10 de noviembre)— de dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores, involucrados en una de las actividades más criminales de nuestro tiempo, el tráfico de drogas. Ambos sobrinos presidenciales viajaban portando pasaportes diplomáticos.
El primer hecho, las revelaciones de Nieves, ha puesto de manifiesto lo que todo el mundo sabía: que en Venezuela la justicia está subordinada al poder Ejecutivo. Pero en este caso no se trata de la constatación obvia de que el régimen de Maduro viola derechos humanos sino de algo aún más grave: viola sistemáticamente la propia legalidad sobre la cual se encuentra erigido.
Sin legalidad no hay democracia y sin democracia hay dictadura. Los ciudadanos de Venezuela —ahora se sabe en todas partes— se encuentran absolutamente desprotegidos frente a las decisiones de un gobierno que entiende por legalidad solo las órdenes impartidas por sus máximos personeros.
En Venezuela, Cabello y Maduro han destruido en todas sus formas al estado de derecho. Han culminado así la gran obra iniciada por Hugo Chávez.
El segundo hecho, la carta de Almagro, muestra a todos los gobiernos de América Latina, y del mundo, cómo el gobierno de Maduro incurre en graves irregularidades electorales. Irregularidades que probablemente no se hacen presentes en la contabilidad formal de los votos, sino en la utilización del aparato del Estado como medio de propaganda y coerción, en la construcción artificial y forzada de tramposos circuitos electorales, en arbitrarias inhabilitaciones, en el uso de naipes marcados, como la boleta electoral confeccionada para confundir a los electores con partidos inexistentes y candidatos anónimos.
No obstante, a través de su carta, Almagro ha puesto también de manifiesto que esta vez Maduro no gozará del beneplácito internacional. La constelación política latinoamericana ha cambiado y seguirá cambiando frente a los desmanes ocurridos y por ocurrir en Venezuela. Las elecciones del 22 de noviembre en Argentina, cualquiera sea su resultado, determinarán el inicio de un cambio político de gravitante importancia continental.
El gobierno de Maduro, es la diferencia con el de Chávez, se encuentra cada vez más solo en el mundo. La infame amenaza de gobernar con una junta militar, en caso de perder las elecciones, no podrá fructificar. Los generales venezolanos podrán ser muy oportunistas. Pero dementes no son.
La detención de los sobrinos de Cilia Flores ha sido la gota de agua que ha colmado el vaso. Ha mostrado no solo las prácticas nepotistas a las que nos tiene acostumbrados la “revolución” bolivariana, sino algo mucho peor: la descomposición del propio Estado.
Al gobierno de Maduro le es debido el aniquilamiento del aparato productivo, la disociación de las relaciones ciudadanas y la evidente desarticulación (anomia) de los lazos sociales que conforman a una nación bien constituida. Lo nuevo es que la desintegración social de Venezuela —uno de cuyos síntomas es la altísima criminalidad que asola sus calles— ha infectado al propio aparato del Estado. Y no podía ser de otra manera: una administración formada por gente que no persigue otro objetivo sino la conservación de su poder, y que para mantenerlo salta por sobre todas las vallas morales y legales, no puede ser dirigida con eficiencia. Ningún Estado puede ser mejor que sus ocupantes.
Las tareas que aguardan a la oposición no son para envidiar. Si el triunfo en las elecciones del 6-D se convierte en realidad, aparecerá en Venezuela una constelación marcada por una dualidad de poderes. Maduro, Cabello y sus secuaces continuarán adueñados del poder instrumental: las armas, la policía, los jueces vendidos y los paramilitares. La oposición en cambio será depositaria del poder social, político y constitucional. Pero para que el segundo poder se imponga sobre el primero, deberá ser necesario que la oposición logre mantenerse unida en el marco de una disciplina que lleve a posponer intereses de liderazgo personal.
Cualquier intento para aislarse del conjunto, cualquiera declaración espectacular no debatida al interior de la MUD, cualquier proyecto de jugar al martirologio o de usar la plataforma alcanzada a favor de desmadres exhibicionistas, puede echar un largo trabajo político por la borda. Y eso lo pagaría muy caro la mayoría de los ciudadanos.
Diosdado Cabello ha declarado que el gobierno de Maduro está siendo atacado por todos lados. Definitivamente no ha leído bien el momento político que vive su país. Lo que sucede es que el gobierno de Maduro está haciendo agua por todos lados; y eso es muy distinto. No estamos frente a una conspiración internacional. Solo estamos presenciando el naufragio de un gobierno. Ese naufragio es también un proceso.
Esas son las razones que llevan a entender las declaraciones del juez Nieves, la carta del secretario general Almagro y la detención de los sobrinos de Cilia, no como hechos aislados sino como eslabones en la cadena de un proceso. De ese proceso que lleva al naufragio de un régimen.
De la oposición dependerá en gran parte que el naufragio gubernamental no se convierta en un naufragio nacional. La Constitución indicará, a su debido momento, los objetivos y los rumbos. Ojalá sea así.