Marielba Núñez
Los venezolanos afrontaremos este domingo 6 de diciembre un proceso de votaciones en medio de opacidad informativa y censura, como denuncia el informe Mutismo en la antesala electoral, elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y el Observatorio Electoral Venezolano, a partir de una consulta de percepción realizada en forma confidencial entre 227 periodistas y trabajadores de medios de comunicación de dieciséis estados del país. El panorama que encontraron se caracteriza por graves limitaciones para cumplir con la labor informativa debido a las presiones que ejercen distintos actores, tanto estatales como particulares.
Eso ha conducido a que Venezuela «esté frente a un escenario velado, bajo un círculo en el que la censura comienza a tejerse mediante constantes negativas de diversos sectores para informar sobre asuntos de interés público; se agudiza con diversas presiones sutiles e indirectas que derivan en la omisión informativa, y terminan en la decisión voluntaria de los periodistas de guardar silencio», señala el texto. Lo que está ocurriendo está descrito detalladamente pero no es un secreto, es evidente para todo ciudadano que intente obtener información de los medios de comunicación nacionales, públicos o privados, con muy contadas excepciones.
El paisaje de la desinformación se caracteriza por la negativa a conceder entrevistas por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, una práctica que también es común entre candidatos al parlamento y dirigentes políticos. A esto se añade la decisión editorial de varios medios de comunicación de omitir o minimizar noticias que son de interés público y las órdenes emitidas desde las instituciones del Estado o dentro de las empresas informativas para callar a los periodistas. Las amenazas y las presiones han hecho mella en la voluntad de los profesionales de informar, hasta tal punto que un porcentaje admite que ha asumido la decisión de autocensurarse. El informe da cuenta también de la violencia ejercida contra los reporteros de parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del hostigamiento público del que han sido víctimas a través de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios.
El llamado de estas organizaciones, al que deben sumarse todos los ciudadanos conscientes, es a que el CNE garantice el derecho a la información y corrija la política de opacidad informativa que lo ha caracterizado en este proceso, a que los candidatos promuevan la libertad de expresión y actúen con transparencia y a que los medios de comunicación recuerden que prestan un servicio público y que deben responder, ante todo, a los principios de la libre información. A los periodistas también se les pide algo: que se conviertan en los primeros garantes del derecho de los ciudadanos. Quedan pocas horas para la jornada electoral y cada uno de estos sectores tiene sobre sus hombros la responsabilidad de actuar de acuerdo con el compromiso que ha asumido ante la sociedad venezolana y del que, tarde o temprano, se le pedirán cuentas.