“Insistimos que el sistema electoral venezolano tiene su fortaleza en el proceso automatizado de votación. Sin embargo, en el día de los comicios hemos observado con preocupación la inacción de la autoridad electoral ante muchas situaciones que constituyen malas prácticas electorales, minando la equidad, la integridad y la transparencia del proceso electoral, y que fueron previamente advertidas”, indican en su informe postelectoral el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Instituto para la Democracia y la Asistencia Internacional (IDEA Internacional), emitido este viernes en Caracas.
Con este informe de cierre -con base en las recomendaciones señaladas en los estudios preliminar y de seguimiento- la Misión de Estudio UCAB-IDEA Internacional ha evaluado las condiciones electorales del 6D. “Es oportuno destacar que las elecciones parlamentarias en Venezuela se realizaron en un clima de tranquilidad y paz, en el que los ciudadanos pudieron manifestar sus preferencias políticas en un ambiente libre de intimidación, miedo y violencia”, aclaran.
“Atendiendo al espíritu propositivo que ha orientado el trabajo de esta Misión de Estudio, consideramos altamente preocupante la pasividad del Consejo Nacional Electoral para evitar y sancionar el uso de recursos públicos, así como las violaciones a la finalización de la campaña por parte del presidente de la República, funcionarios del gobierno y candidatos del PSUV, así como por los medios del Estado, en contraste con la respuesta inmediata dada por el ente electoral a cualquier actuación no ajustada a la norma de parte de algún vocero de la oposición, o incluso de sus acompañantes internacionales, evidenciándose una clara parcialización en sus actuaciones. Como resultado de ello, el CNE nunca actuó de manera efectiva para evitar o reducir el marcado ventajismo que caracterizó a la pasada campaña electoral que, en nuestro informe preliminar señalamos como la principal debilidad del proceso electoral venezolano”.
En segundo lugar, la injustificada e irregular prórroga del período de votación de 6:00 pm a 7:00 pm por parte del Consejo Nacional Electoral, sin la debida aprobación de todos los rectores principales del organismo electoral, constituyó un acto que “violó la legislación electoral, afectando la integridad del proceso y la confianza en el árbitro electoral”, precisan.
En tercer lugar, consideran muy preocupante el retardo del Consejo Nacional Electoral para la emisión de los resultados definitivos. El sistema automatizado de votación y escrutinio del voto suponen una garantía para la emisión de resultados de manera rápida y oportuna, siendo el caso que el CNE no publicó los resultados finales, ya en boca de voceros políticos y medios de comunicación, sino tres días después de la elección, afectándose gravemente la confianza y transparencia del proceso.
En cuarto lugar, estiman que la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación –como consecuencia de la censura y autocensura de periodistas y/o directivos de los mismos–, las limitaciones a la cobertura de la jornada electoral, así como la permisividad del Consejo Nacional Electoral para la emisión de propaganda o declaraciones invitando a votar por el partido de gobierno por parte de funcionarios públicos y candidatos, es una omisión inaceptable por parte del árbitro electoral.
Finalmente el informe concluye que los resultados de la elección reflejan la desproporcionalidad del sistema electoral. “Esta vez, la MUD con el 56,2% de los votos obtuvo 112 diputados (67%), mientras que el PSUV, alcanzando 40,8% de los votos apenas logró 55 escaños (32,93%). En este sentido, consideramos necesario una reforma electoral orientada a garantizar el principio de proporcionalidad y personalización del voto establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
“Desde la Universidad Católica Andrés Bello e IDEA Internacional ofrecemos nuestro apoyo a cualquier iniciativa proveniente de la nueva Asamblea Nacional y cualquier sector del país con el fin de apoyar cualquier proceso que permita generar condiciones de mayor equidad, integridad y transparencia, lo que contribuiría a su vez a mejorar además la confianza en el ente comicial para futuros procesos electorales”, expresa el documento que suscriben ambas instituciones.
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