Elías Pino Iturrieta
Debido a sus semejanzas, el acoso judicial del ciudadano Diosdado Cabello a tres medios de comunicación me ha llevado a recordar el proceso ordenado por Chávez contra Oswaldo Álvarez Paz por unas declaraciones que ofreció en el programa de televisión Aló, Ciudadano, una voluntad de opinar con responsabilidad, por la que todavía paga insólitas consecuencias. Tal vez la memoria de una operación tan aberrante nos conduzca a reflexionar con la debida seriedad sobre la amenaza que hoy se cierne contra los editores de El Nacional, Tal Cual y La Patilla.
Oswaldo Álvarez Paz no pudo votar en las elecciones parlamentarias porque su cédula de identidad tenía “observaciones”, pero también por otro detalle que la computadora suministraba sin apelación: “Derechos políticos suspendidos”. Tampoco pudo renovar su pasaporte porque, también de acuerdo con el fatídico ordenador del régimen, tenía “graves problemas migratorios”. Así como se quedó sin participar como elector en diciembre, hoy le está vedada la posibilidad de ver a siete nietos que viven en el exterior. Encerrado en el mapa del contorno sin razón evidente y, a la vez, expulsado del ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo único que puede hacer sin licencia de los verdugos, según confiesa mientras se aferra al consuelo de su buen humor, es visitar a su amada “república” del Zulia. ¿Cuáles son los motivos de esta persecución? ¿Por qué esta sevicia inaudita?
En el referido programa de televisión (marzo de 2010), se refirió a un documento que reclamaba la atención de la opinión pública. El juez cuarto de la Audiencia Nacional de España había suscrito un expediente basado en evidencias de peso sobre casos de narcotráfico llevados a cabo por elementos de ETA y las FARC, con la complicidad del gobierno venezolano. Como conocía los detalles del documento, pero también por su experiencia en la legislación relacionada con la persecución del narcotráfico (había presidido, en el extinto Congreso Nacional, la comisión que redactó la Ley sobre Uso Ilegal de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, pionera en la materia; y formó parte de la Comisión Andina Antidrogas, en cuyos trabajos acompañó al heroico ministro de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, víctima del Cartel de Medellín) exigió una inmediata averiguación para la cual pedía el compromiso del presidente de la República. Se tiene que averiguar este asunto “caiga quien caiga”, aun la cabeza más alta, sentenció el entrevistado. La respuesta del jefe del Estado no se hizo esperar, a través de Aló, Presidente: “Me llamó narcotraficante. Ese señor no puede seguir en libertad”.
Oswaldo Álvarez Paz fue acusado de conspiración, de instigación a delinquir, de instigación al odio y de difusión de información falsa. Pese a lo peregrino de los cargos, pasó dos meses de reclusión en el Helicoide y después afrontó en libertad su proceso, no en balde los colegios de abogados y numerosas instituciones y personalidades del país y del exterior protestaron ante la enormidad del proceso. La Fiscalía prefirió desistir de acusarlo por conspirador, debido a la imposibilidad de probar semejante invención que lo pudo conducir a una pena de dieciséis años de presidio, y finalmente el tribunal resolvió, seguramente por órdenes superiores, pero también por el empeño ejemplar de sus abogados, condenarlo solo a dos años de prisión en libertad y a prohibir su salida del país sin autorización judicial. Ya cumplió la condena pero, de aló en aló, continúan mutiladas sus prerrogativas políticas mientras permanece su encierro en el territorio nacional. Falta la “orden superior” que le permita ciudadanía cabal.
La memoria de este escandaloso proceso se busca para llamar la atención sobre los casos pendientes contra tres medios de comunicación en los cuales también se pueden atravesar las “órdenes superiores”, según se dijo al principio. Pero también, no faltaba más, como reconocimiento a la probidad de un hombre público sin tacha, de un político de especial relevancia, de un hombre útil y decente que acompaña las luchas de la sociedad por el retorno de la democracia.
Publicado en el diario El Nacional el 14 de febrero de 2016