Marielba Núñez
En un país hipertrofiado en el norte, el sur parece lejano y ajeno, un territorio al que le damos la espalda aunque nos enorgullezcamos de él cuando miramos postales y fotografías que exhiben sus paisajes maravillosos. La noticia de la masacre de Tumeremo golpea ese imaginario de forma brutal y debería ser más que suficiente para despertarnos de nuestro letargo sobre lo que ocurre en Bolívar y Amazonas, depredados por la minería ilegal y con zonas sometidas al control de grupos irregulares, que actúan amparados bajo la indiferencia e incluso la cooperación de funcionarios de los cuerpos de seguridad.
La violencia, sin embargo, no es la única herida abierta en el sur pues hay otras que también nos muestran claramente las consecuencias de su abandono por parte del Estado. Hace muy poco esa región también ocupó titulares de los medios de comunicación debido al avance del paludismo, porque la enfermedad ha encontrado un caldo de cultivo ideal en las condiciones insalubres de las minas, en la ausencia de medidas de prevención y en la falta de atención médica. De hecho, en Bolívar se reportaron más de 75 % de los casos de la enfermedad en el país entre enero y febrero de 2016, es decir, más de 19.500 registros.
No menos preocupante es la degradación que han sufrido extensas zonas de vegetación tanto de ese estado como de Amazonas. La destrucción ha sido atribuida, en buena parte, también a la actividad minera ilegal, a la que las autoridades solamente han atacado con operativos efectistas, de los que no queda nada una vez que se retiran las cámaras de televisión de los medios gubernamentales. Las imágenes conseguidas a través de satélites, sin embargo, sí pueden dar cuenta de esos claros que dejan los árboles arrasados de manera despiadada durante la búsqueda de minerales como el oro y el coltán. Un documento presentado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada a finales del año pasado alertaba sobre la deforestación creciente de nuestros bosques, un daño a todas luces imposible de revertir.
Dentro de ese escenario son desalentadores los anuncios del lanzamiento del llamado Arco Minero del Orinoco, que auspiciará la agresiva extracción de minerales en una zona de más de 111.000 kilómetros cuadrados en Bolívar. El gobierno nacional se ha concentrado en exhibir jugosas aproximaciones sobre la cantidad de ingresos que podría generar esta actividad para compensar la caída de los precios del petróleo, pero hasta ahora no ha mostrado ninguna preocupación legítima sobre el impacto ambiental que esos planes suponen para la biodiversidad y el equilibrio de una zona frágil y única. La criminalidad y la indiferencia se han cebado contra el sur del país y ahora también se cierne sobre él la amenaza de una definitiva expoliación.