Marcelino Bisbal
Hagamos una declaración de principios: el debate sobre la libertad de expresión es un debate sobre la democracia. Existe una relación estrecha entre democracia y libertad de expresión. Se requiere de una verdadera democracia en el sentido que ella implica el desarrollo libre y autónomo de la ciudadanía, la conformación de espacios públicos de acuerdo a los intereses de los ciudadanos y la posibilidad real –sin el freno del gobierno en funciones de Estado– de ejercer los derechos del hombre para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Esto significa que el derecho a la libertad de expresión implica la posibilidad de ejercer los demás derechos, porque la información hoy, dentro de este mundo globalizado y mundializado culturalmente, se ha convertido en el polo alrededor del cual se organiza gran parte de la vida pública y por lo tanto de la ciudadanía del presente.
Hasta bien entrada la década de los años 80, el planteamiento y posterior discusión sobre la democracia en América Latina estaba estrechamente vinculado con el tema de cómo alcanzamos regímenes verdaderamente democráticos y cómo llegar a transiciones políticas que nos permitieran alcanzar la tan ansiada democracia. En estos momentos, la discusión es otra ya que hemos pasado, en principio, de formas autoritarias de hacer política hacia formas democráticas de sustentar el juego político.
El planteamiento anterior es cierto relativamente, pues no significa del todo que hayamos superado los aspectos autoritarios de hacer y conducir la política. En el horizonte político de América Latina hemos visto a lo largo de estos años el avance de un nuevo autoritarismo que de alguna forma retrasa la prometedora expansión de la democracia en la región. Esto significa que en la América Latina hoy se aprecian espacios en donde se observa un creciente divorcio entre el gobierno en funciones de Estado y una parte sustantiva de la sociedad. En los últimos años la presencia de gobiernos neopopulistas ha venido dibujando un futuro para la libertad de expresión implosivo. Así lo demuestra el desarrollo de todo un conjunto de acciones que emergen desde el vértice del gobierno y que, en el contexto de la Venezuela del presente, se manifiestan en un complejo y entramado nudo de aconteceres comunicacionales.
¿A qué viene ese planteamiento principista? Lo hemos dicho ya muchas veces. En Venezuela estamos en presencia de un nuevo régimen comunicativo. La comunicación social –léase mejor información– y los medios por donde ella circula han ganado en estos diecisiete años un papel estratégico para el poder instaurado desde 1999. La idea casi exclusiva de la comunicación dentro de una economía abierta y competitiva empezó a cambiar desde los inicios del régimen chavista. Pero en el tiempo también empezarían a cambiar las comunicaciones libres, abiertas y plurales. En la denominada era bolivariana la subordinación de los medios y sus comunicaciones con respecto a la política, ha venido siendo una constante impuesta desde la cúspide del poder. Hoy, el debate político para el mundo oficialista se juega en y desde los medios, de ahí que el gobierno haya querido imponer lo que denominamos un nuevo régimen comunicativo.
Para comprender las líneas por las que se mueven las políticas comunicacionales impuestas por el Gobierno, se hace necesario un campo de reflexión que ya ha sido esbozado por algunos textos a lo largo de estos años.
Debemos mencionar, en primer lugar, Hegemonía y control comunicacional (Varios autores. Editorial Alfa, UCAB, 2009). Este primer ensayo-diagnóstico intenta dar luces de lo que fue la institucionalización –en palabras del régimen– de la tan nombrada hegemonía comunicacional, o de ver cómo la confrontación se fue convirtiendo en medio gubernamental y especialmente presidencial. En el libro se plantea, como idea central que “… el Gobierno juega al miedo de los venezolanos y de los medios(…) En ese sentido, los medios se han convertido en piezas claves y cajas de resonancia de la mediación social y política del presente(…) Y todo ello se suscita a través del análisis crítico, reflexivo y dialogante con el Estado-Comunicador y la hegemonía comunicacional que se ha propuesto instaurar en el país”.
Vendría después el ensayo de Andrés Cañizález: Hugo Chávez: la presidencia mediática (Editorial Alfa, 2012). Ya está consolidada la llamada hegemonía comunicacional. El Gobierno, en funciones de Estado, cuenta con una gran plataforma de unidades comunicacionales desde las cuales emprende lo que Umberto Eco llamaría el populismo mediático. Se nos dice en ese texto que “más allá de la consolidación de un aparato mediático estatal sin precedentes en la historia democrática de Venezuela, el presidente Chávez gobierna desde una dimensión mediática. Dos espacios son expresión de esta acción. Por un lado está el uso de las cadenas nacionales de radio y televisión, y por el otro su programa dominical ¡Aló, Presidente! Durante sus extensas intervenciones mediáticas, el Presidente no solo hace anuncios, sino que toma decisiones de política pública(…) Se trata de un hecho sin precedentes: el presidente Chávez gobierna desde lo mediático”.
El otro libro que es de obligatoria mención es Saldo en rojo. Comunicaciones y cultura en la era bolivariana (Varios autores. UCAB, Fundación Konrad Adenauer, 2013). En este se da cuenta, con lujo de detalles, de todo ese proceso de creación de un nuevo régimen comunicativo. Se trata de una publicación que nos ayuda a entender cómo el gobierno de antes (1999-2013), y el de ahora, conciben al sector de las comunicaciones y la cultura, donde el control social está presente combinando la represión jurídica, la represión impositiva, la represión publicitaria, la represión informativa e incluso estableciendo mecanismos de supresión de libertad de comunicación. Desde las páginas de Saldo en rojo nos damos cuenta con gran precisión de aquello que expresara el escritor Alberto Barrera Tyszka; “Este Gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones. Llevamos catorce años viendo como se reproduce mil veces un guión”.
El otro texto que hay que referir es el de Paola Bautista de Alemán que lleva por título A callar que llegó la revolución. La imposición del monopolio comunicacional en Venezuela (La Hoja del Norte. 2014). La motivación principal de este libro es el de dar cuenta de los quince años de la revolución bolivariana en el ámbito de la comunicación social. La autora define a este proyecto político con los rasgos del totalitarismo. En tal sentido el régimen requiere de una sola voz, no puede haber voces disidentes. Para ello el Gobierno se ha hecho de casi todos los medios y lo que hoy predomina en el espacio de la opinión pública es la censura y la propaganda.
Y el más reciente: Autoritarismo Comunicacional. Dimensiones del control de quien esto escribe (Libros El Nacional, 2015). Este libro nos da cuenta del conjunto de relaciones –autoritarias en su mayoría– que se han venido tejiendo entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector de los medios de comunicación y sus profesionales. Esas relaciones parten de lo que dejara instituido el proceso encabezado, desde 1999, por el entonces presidente Hugo Chávez Frías hasta su desaparición física en marzo de 2013. Autoritarismo Comunicacional hace referencia a un planteamiento del sociólogo chileno José Joaquín Brunner cuando dice: “Existe una conexión profunda entre el sistema político prevaleciente en una sociedad determinada y el régimen comunicativo que aquél en parte condiciona y al cual necesita para subsistir”.
Estas investigaciones apenas esbozadas, convertidas en libro, más allá de dar cuenta de cómo un Gobierno ha visto y está viendo el campo de las comunicaciones, nos dicen también que el debate sobre la libertad de expresión y la democracia tiene un objetivo inmediato: la revalorización de la ciudadanía, la revalorización del espacio público y la revalorización de la información como bien público que no puede estar sujeta a ningún tipo de control.
El des-orden presente y sus políticas alienta acciones y procesos en diversos ámbitos de la vida que van en una dirección muy distinta a la de considerar a la libertad de expresión y a la libertad de comunicar como piezas fundamentales de la democracia.
