Lissette González
La entrega de las planillas para iniciar la solicitud del Referéndum Revocatorio al presidente Nicolás Maduro movió el juego político que hasta hace unas semanas parecía estancado. Sin apenas preparación, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue capaz de recoger más de 10 veces el número de firmas requerido por el Consejo Nacional Electoral para iniciar este proceso.
Este volumen de firmas no habla tanto de la MUD y su capacidad de movilización, como de las grandes dificultades que atraviesa la sociedad venezolana y que ha encontrado en el Referéndum Revocatorio la vía para expresar su descontento. Por tanto, el escenario del conflicto político cambió: ya no es solo la recién electa Asamblea Nacional (de mayoría opositora) enfrentada al resto de los poderes públicos; aparece, además, con ímpetu, la inminencia de una nueva contienda electoral que, sumada a las elecciones regionales que deberían ser este año, amenazan con sacar a la dirigencia del PSUV de los espacios de poder que aún controla.
La reacción oficialista, en consecuencia, ha sido tan hostil como cabría esperarse. Perdido el apoyo popular mayoritario por las duras consecuencias sociales que han resultado de 17 años de ineficiencia, políticas económicas erradas y debilidad institucional, la única alternativa que queda a los dirigentes revolucionarios es intentar evitar o postergar el escenario electoral tanto como sea posible.
Pero el oficialismo no es el único actor en este juego político. Y la magnitud de apoyo que dos millones y medio de firmas suponen, le concede a la dirigencia opositora una mayor capacidad para movilizar y presionar para que ocurran los procesos electorales previstos para este año. El escenario más probable es, entonces, una mayor conflictividad política en los meses por venir. Para ambos actores es central el logro de sus objetivos: que haya elecciones, para la oposición, y que no haya, para el oficialismo.
Mientras tanto, la escasez y la inflación siguen castigando a diario a las familias venezolanas. Y en este escenario político es poco probable que sea posible construir acuerdos para emprender las reformas imprescindibles para recuperar la estabilidad económica. Una vez más, los problemas de la gente quedan fuera de la agenda, salvo como consignas de uno y otro bando. Así que las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos seguirán empeorando en el futuro próximo.
¿Quién es el culpable de este grave empobrecimiento del pueblo cuyas consecuencias, además, nos acompañarán por años? Evidentemente el Ejecutivo Nacional, el Presidente y el partido que lo apoya. Es a ellos a quienes les corresponde gobernar y tomar las decisiones que se requiere para aliviar el sufrimiento de la gente. Sin embargo, al negarse a coexistir democráticamente con los grupos políticos que le adversan, se han empecinado en mantener las políticas que nos han traído a esta debacle y han negado cualquier posibilidad de cambio dentro de su gobierno mediante el diálogo y la negociación.
La negación de la crisis impide tomar medidas para proteger a la población más vulnerable. Y mientras más cerca se encuentre una fecha electoral, más costoso será actuar porque ello supondría admitir la existencia de la crisis. Así que mientras más se calienta la política, menos probable una respuesta concreta a los problemas de la gente. ¿Cómo podemos romper ese círculo?