Lissette González
El fin de semana se filtró a la prensa información sobre unos encuentros realizados en República Dominicana entre representantes del gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Antes de conocer mayor información sobre lo que estaba ocurriendo, proliferaron en las redes sociales duras críticas a los dirigentes opositores. En pocas palabras, diálogo para ciertos sectores es señal de derrota o de traición. En la acción política, al parecer, no es ético incluir conversaciones entre adversarios.
Pero resulta que la política se basa, justamente, en la búsqueda de soluciones concertadas entre quienes parten de puntos de vista encontrados.
Mirando el caso venezolano y la situación actual de las fuerzas del gobierno y de la oposición estamos ante un juego novedoso. Puesto que si bien en el pasado reciente ha habido momentos de alta conflictividad política en los que se llegó a distintas formas de diálogo con el gobierno, en ninguno de estos casos precedentes la oposición venezolana contaba con lo que tiene hoy: la legitimidad incuestionable producto de la victoria electoral en las pasadas elecciones parlamentarias y en la recolección de firmas para solicitar un referéndum revocatorio. Pero aun cuando tiene este gran capital político a su favor, el control que ejerce el gobierno sobre el resto de los poderes públicos no garantiza que solo el cumplimiento de los requisitos sea suficiente para que se realicen el revocatorio y las elecciones regionales, de acuerdo a lo establecido en nuestras leyes.
La posición del gobierno nacional parece de relativa fuerza por su férreo control sobre el poder judicial, el poder electoral y las fuerzas armadas. Sin embargo, por primera vez en años el proyecto bolivariano corre el riesgo de sufrir una estrepitosa derrota electoral, sea cual sea la elección que se convoque. Dispuesto el chavismo a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, su principal motivación es postergar tanto como sea posible el escenario de una elección. Sin embargo, la legitimidad obtenida por la oposición mediante el voto, dificulta que esta vía autoritaria pueda llevarse adelante sin obstáculos o sin mayores costos. Si a lo anterior añadimos las evidencias sobre la crisis que enfrenta la población por escasez de alimentos y medicinas que se reproducen en los medios internacionales, las presiones para dar salida política a esta crisis son altas y seguirán aumentando.
Es cierto que el chavismo en 17 años nunca ha estado dispuesto a entregar nada en un proceso serio de negociación. También es cierto que en el pasado las diversas mesas de diálogo han sido utilizadas por el poder como mecanismo para acallar la protesta ciudadana. Pero también es cierto que pese a la legitimidad que ha obtenido, la Mesa de la Unidad Democrática no cuenta con ninguna capacidad real de forzar que se realice el referéndum revocatorio en 2016 si el resto de los poderes públicos se propone lo contrario.
En consecuencia, el riesgo que corre la oposición asistiendo al diálogo (que no cambie la presente correlación de fuerzas políticas) es el mismo que si solo se dedica a organizar marchas semanales al CNE o al TSJ.
La creciente preocupación internacional por la crisis venezolana ha promovido que empiecen conversaciones entre gobierno y oposición. En lo particular, me parece que intentar promover acuerdos mínimos es la estrategia más racional para la MUD, además de ser una necesidad imperiosa: los enfermos sin medicinas y los niños sin comida no tienen largos meses para esperar y ver si “la calle” logra que se convoque un referéndum. Ellos necesitan soluciones ya o luego será tarde, como lo fue para Oliver y para tantos otros que han muerto sin merecer un titular. Si hay alguna esperanza, por pequeña que sea, de que el diálogo sirva para cambiar el horror que enfrentan tantos venezolanos a diario, yo hago esa apuesta. Pero sabiendo que es una apuesta que incluye riesgo, aconsejaría a los jugadores no poner todas sus fichas en un único número de la ruleta.