Francisco José Virtuoso
El 94% de la población dice que el país está muy mal y que 75% votaría en contra del Presidente de la República en un referendo revocatorio. Las cifras son de la firma Datanálisis, y coinciden con los datos expresados por otras muchas encuestadoras. Sobre esta grave crisis política cabalga una economía que continúa deteriorándose exponencialmente, dando lugar a diferentes convulsiones sociales, desarticuladas pero permanentes, por hambre y desabastecimiento generalizado.
En este contexto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) propuso a los venezolanos y al Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación del proceso revocatorio presidencial previsto en la Constitución Nacional. La respuesta positiva ha sido abrumadora tanto en la recolección de firmas para solicitarlo como para la validación personal de las mismas. Las dificultades que el CNE ha puesto, en una muestra clara de ventajismo e inconstitucionalidad, el discurso oficial que busca atemorizar y los muchos abusos cometidos contra los venezolanos firmantes, ante la indolencia de los cuerpos de seguridad, no han logrado detener este impulso masivo de tanta y tanta gente de diversos colores y procedencias unidos por la pasión y la paciencia de hacer valer sus firmas. Coincido con Luis Vicente León cuando señala que el cambio en Venezuela empezó y difícilmente va a parar. Sólo agregaría que en realidad empezó el 6 de diciembre del 2015.
El revocatorio presidencial es un derecho constitucional, ya ejercido en Venezuela, y que está siendo invocado para lograr, en paz y en democracia, salir de la crisis política de legitimidad en la que nos encontramos. Ese derecho tiene que ser respetado y garantizado por el Estado y no lo está siendo. Por el contrario, todo el proceso hasta ahora impuesto por el CNE para la validación de firmas es una demostración clara de abuso de poder y totalmente censurable. La única forma de evitarlo por parte del gobierno nacional sería con la renuncia voluntaria del Presidente, pero hasta ahora ha insistido en que no quiere hacerlo.
Venezuela es una olla de presión en proceso de explosión. La situación no sólo es insostenible, es insoportable. Los economistas a coro señalan que el desabastecimiento va a ser mayor y la inflación también. Es previsible que los saqueos y las protestas sigan en aumento, al tiempo que el discurso vacío de los voceros oficiales, la represión y las políticas erradas prosigan avivando el fuego.
La comunidad internacional está invitando a la negociación y a los acuerdos, pero necesariamente debe entender que se requiere un cambio en la conducción del Estado y de sus políticas para dar salida a la crisis. Nuestra crisis es de carácter estrictamente política y dadas las resistencias al cambio de la actual dirigencia gubernamental, la única alternativa es una transición democrática del poder, que es además lo que la gran mayoría de los venezolanos aspira con todo derecho. Están en lo cierto quienes sostienen que el referendo revocatorio presidencial no es negociable. Si se cumplen las condiciones debe convocarse y que sea esa consulta la que resuelva con la participación y la voz de todos la permanencia o no del actual Presidente de la República.
En este panorama, es necesario focalizar todos los esfuerzos posibles en hacer valer este derecho. Se requiere de mucha información a la población, contar con una propuesta mínima para que la transición tenga horizonte y entusiasme; hay que convocar aliados y, por supuesto, buscar también convencer a los que se oponen, y para ello la mediación internacional es una buena ayuda. Todo ello requiere de mucha unidad.
Publicado en el diario El Universal el 06 de julio de 2016