El pasado martes 5 de julio, seis jóvenes estudiantes activistas del partido Voluntad Popular se encontraban sentados en las mesas exteriores de la panadería Pan de Oro, en el centro comercial Los Olivos, parroquia Universidad del Municipio Caroní (Puerto Ordaz). Los estudiantes estaban allí desde las 4:30 pm, esperando que cesara la lluvia para realizar un volanteo en el cruce ubicado en la avenida Loeffling, en el semáforo.

A las 6:00 pm tres “machitos” de color blanco sin identificación ni placas, dos motos civiles y tres motos de la Policía del Estado llegaron al estacionamiento frente a la referida panadería y aproximadamente quince hombres de civil se acercaron a los jóvenes, requiriendo sus cédulas y teléfonos (celulares). Los obligaron a colocarse contra la pared mientras les apuntaban con sus armas, y ante las preguntas de los muchachos sobre la razón de ese procedimiento, les respondieron: «Son órdenes superiores».

Los jóvenes Madeleine Fajardo, de 24 años, cédula de identidad 21.197.323, recién egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho; Peter José Pérez, de 20 años, cédula de identidad 27.110.036, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (Guayana); Alvin Bridgewater, de 20 años, cédula de identidad 26.359.177, estudiante de Administración de Empresas en la UGMA; Carlos Leonardo Briceño, de 21 años, cédula de identidad 25.086.601, estudiante de Economía en la UGMA; Sergio Morales, de 19 años, cédula de identidad 30.040.118, estudiante de Derecho de la UGMA; y Oswaldo Rodríguez, de 24 años, cédula de identidad 19.303.247, estudiante de Derecho de la UCAB, fueron requisados sin ninguna orden. Los presuntos funcionarios nunca se identificaron, despojaron a cuatro de sus cédulas de identidad y a tres de sus teléfonos.

Finalmente, sin devolver nada, tomaron a Oswaldo y se lo llevaron.

Los jóvenes buscaron apoyo de otro compañero para recorrer los distintos centros de detención a fin de ubicar al joven detenido. Lo hallaron en la sede del Sebin – San Félix. (El Sebin es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Estando allí, en el Sebin, les dicen a Carlos, Sergio y Alvin que pasen para entregarles sus pertenencias. Ya no les permitieron salir.

Ante estos hechos, representantes de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía fueron a la sede del Sebin a fin de verificar las denuncias de detención arbitraria y comprobar el estado físico de los detenidos. Llegaron junto a familiares de los jóvenes y solicitaron verlos. Las personas de la CODEHCIU se identificaron como abogados, y la respuesta fue: «Desalojen que vamos a limpiar».

Una hora más tarde la reja seguía cerrada.

A esta Comisión le preocupa:

  • La actuación de funcionarios sin identificación alguna en procedimientos de detención de ciudadanos.
  • La presencia de motorizados civiles acompañando a los presuntos funcionarios del Sebin y los de la PEB.
  • La detención sin flagrancia e incautación de teléfonos de los jóvenes sin orden judicial.
  • El engaño utilizado para dejar detenidos a los compañeros de Oswaldo.

La negativa a permitir el acceso de los abogados al recinto para verificar el estado de los jóvenes y brindarles la asesoría legal, a la que constitucionalmente tienen derecho, es una actuación violatoria del derecho a la defensa. Se ha convertido en un patrón regular de conducta de funcionarios del Sebin y del CICPC, de acuerdo a investigaciones realizadas por esta Comisión.

A los padres de los estudiantes se les permitió verlos al final de la tarde, después de haber sido trasladados al CICPC para ser reseñados. Hasta la noche del miércoles no se conocía con exactitud la precalificación de los cargos imputados a los estudiantes. Uno de ellos relató a su padre que les habían tomado fotos dentro del recinto, se desconoce con qué intención.

Por todo lo relatado, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía les recuerda a los funcionarios y al Estado, como garante del cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución, que son violaciones del debido proceso según el artículo 49 ejusdem:

  1. Las detenciones arbitrarias.
  2. Incautar equipos sin orden judicial.
  3. La actuación de funcionarios sin identificación.
  4. La negativa de permitir la asesoría legal a los detenidos.
  5. La actuación de civiles en procedimientos policiales.
  6. Del mismo modo recordamos a los funcionarios que las «órdenes superiores» no los eximen de responsabilidad si se demuestra la violación de derechos humanos en sus actuaciones.

 

DOS COSAS ADICIONALES

El comunicado anterior fue dado a conocer el jueves 7 de julio. El viernes se produjeron nuevos hechos:

  1. La decisión de la juez de imputar a los estudiantes. Otra irregularidad pues lo hizo por cuenta propia, pese a que la Fiscalía había solicitado libertad plena. Ningún juez puede imputar si no hay solicitud expresa del Ministerio Público. La juez cometió, simplemente, una fechoría.
  2. La juez solicitó, además, dos fiadores para cada detenido, los cuales deben presentar pruebas de ingresos por 600 UT que equivale a Bs 106 mil 200. Eso significa que han pasado este fin de semana detenidos y pueden pasar varios días más de esta semana hasta que cada detenido encuentre dos fiadores que tengan los ingresos exigidos, más otros recaudos solicitados como carta de residencia y constancia de trabajo.

 

FOTO: Y el defensor del pueblo, ¿tiene algo que decir sobre lo sucedido en Puerto Ordaz?

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