Francisco José virtuoso
Hace ya un mes que se produjo la arbitraria detención y reclusión de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. El 19 de junio pasado, fueron detenidos injustamente en el Peaje de Apartaderos, ubicado en el estado Cojedes, cercano a la frontera con el estado Portuguesa adonde se dirigían para apoyar en el proceso de validación de firmas para la activación del referendo revocatorio. Realizaban esta actividad en su condición de activistas y simpatizantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y del partido Voluntad Popular (VP).
Después de dos días de retención, utilizando para ello procedimientos irregulares, y habiendo precedido un juicio político de los hechos por parte de la gobernación de Cojedes y la Presidencia de la República, a través de los medios de comunicación, tiene lugar la audiencia de presentación. Allí, la Fiscalía precalifica los hechos como presuntos delitos de Legitimación de Capitales e Instigación Pública. De acuerdo con la ley, la sumatoria de las penas de los delitos que se les imputan excede los 18 años. Por el tipo de delitos y la extensión de las penas se solicitó fueran privados de libertad preventivamente.
Los abogados de los imputados señalan que la detención de Márquez y San Miguel es arbitraria al violar las garantías consagradas en la Constitución venezolana, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales. Las acusaciones hechas carecen de toda fundamentación. Las actividades que realizaban al momento de su detención son todas lícitas y aceptables. Fueron detenidos sin orden judicial, y sin que hubieren sido sorprendidos cometiendo algún delito.
No estamos ante un caso aislado. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela. Esta práctica forma parte de la permanente criminalización por parte del Estado venezolano del ejercicio de los derechos civiles y políticos de personas que se oponen al régimen vigente en Venezuela y que día a día engordan la lista de los llamados presos políticos, sometidos a situaciones inhumanas de aislamiento y vejación.
Al respecto conviene recordar las palabras de Luis Almagro, secretario general de la OEA, el pasado 23 de junio: “…Debemos recordar que, cuando hablamos de presos políticos, no son simplemente cifras y estadísticas. Son personas… Tienen un rostro, un nombre y una historia… Son madres, padres, hermanas, hermanos, hijos, hijas y cónyuges… Son ciudadanos a quienes les importa el futuro de su país”.
Su libertad es una exigencia ineludible de democracia y libertad, es una condición indispensable para avanzar en la creación de un clima adecuado para el diálogo y el entendimiento que el gobierno reclama a la oposición. Restablecer el derecho y la justicia es la única garantía de paz que tienen los pueblos.
La Conferencia Episcopal recoge de forma clara este anhelo en su último comunicado al país, cuando señala que: “Aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.”
Pancho y Gabriel, ustedes no están solos. Hay un país entero luchando por la libertad de ustedes y de todos aquellos que están siendo silenciados en las cárceles venezolanos por defender sus ideas.
Publicado en el diario El Universal el 20 de julio de 2016
