Luis Ugalde
No es fácil que cuarenta obispos se pongan de acuerdo rápidamente para presentar la realidad con toda su crudeza. Siempre parece más fácil y prudente expresarse en principios cristianos generales. Pero cuando la situación es de extrema gravedad y la sordera del poder aterradora, los obispos se sienten obligados a enviar un comunicado tan veraz y desgarrado como es la dura Exhortación episcopal de este mes de julio. Quiero publicar la mayor parte de ella en el espacio disponible para mi artículo con la esperanza de que los lectores encuentren en ella la dura verdad de la actual muerte venezolana y el camino hacia la libertad y vida.
“La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión militar” (…).
“El discurso belicista y agresivo de la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz” (…).
“El auge de la delincuencia y de la impunidad entorpece el ordinario quehacer de la gente y provocan, en ciudades o poblaciones grandes o pequeñas, verdaderos toques de queda”.
“Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son inaceptables” (…).
“El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto”.
“La crisis moral es mayor que la crisis económica y política, porque afecta a toda la población en sus normas de comportamiento. La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía. La corrupción se ha incrementado en los organismos del Estado y la descomposición moral ha invadido a muchas personas integrantes de instituciones privadas y públicas, civiles y militares, así como a amplios componentes de la sociedad. Un exponente de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos, llamada popularmente “bachaqueo”.
“Desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular. La división, autonomía y colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable” (…).
“La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”.
“El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes”.
“Es de urgente prioridad que el Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez. Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales abiertas a la cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Este servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa”.
“Es una necesidad que se abra de manera permanente la frontera colombo-venezolana” (…).
“Aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal”.
“Las angustias y esperanzas del pueblo venezolano son compartidas en estos momentos por numerosas instancias nacionales e internacionales. El gobierno no debe declararlas ajenas a nuestros derechos ni culpar a quienes acuden a ellas legítimamente, denunciando injerencias y aduciendo soberanía e independencia, ya que vivimos en un mundo interconectado y globalizado”(…).
“En el nombre de Jesús que nos manda “amarnos unos a otros” (Jn.13, 34) hacemos un llamado a las autoridades para que frenen el deterioro de la vida de los venezolanos, cualquiera que sea su preferencia política, y para que se detenga la actual espiral de violencia, odio y muerte. Movidos exclusivamente por el bien y la paz de todos los venezolanos, reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios para facilitar el encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones efectivas”.
Los obispos como los médicos no pueden ser neutrales entre la vida y la muerte y menos cometer el error de confundir lo uno con lo otro. La liberación y vida de Venezuela necesita reconocer la verdad del dolor generalizado que vivimos los venezolanos.
Publicado en el diario El Nacional el 21 de julio de 2016
