Marielba Núñez
El debate en torno a la salud de la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, luego del incidente que protagonizó el fin de semana durante los actos conmemorativos del 11 de septiembre en Nueva York, tiene como trasfondo una controversia sobre la que no se ha dicho la última palabra: ¿hasta qué punto las dolencias de personas con responsabilidades públicas, especialmente las que afectan a aquellos que aspiran a cargos de elección popular, pertenecen a la esfera privada? ¿No tienen los electores, llamados a tomar una decisión responsable, derecho a saber si quien se postula está en condiciones de asumir las funciones por las que compite?
No son interrogantes que puedan responderse fácilmente, pues entran en juego asuntos como el secreto médico y el derecho del paciente a la confidencialidad. Sin embargo, las graves repercusiones que puede acarrear la decisión de ocultar información crítica en esta materia deberían constituir argumento suficiente para revisar cuál debe ser código con el que se manejen estos datos. Para los venezolanos es inevitable pensar en lo ocurrido durante la campaña presidencial de 2012, que llevó a Hugo Chávez a Miraflores por cuarta vez en medio de un absoluto silencio sobre cuál era su verdadero estado de salud. Aunque varios episodios, durante ese tiempo, ya anunciaban que el líder del PSUV, de ganar, no estaría en condiciones de desempeñar sus obligaciones, la versión oficial siempre mantuvo que el mandatario había superado el cáncer que lo aquejaba, sobre el que, por cierto, nunca se han revelado mayores detalles.
Fueron meses protagonizados por la incertidumbre, en los que no cesaron los rumores, que se divulgaban sobre todo en redes sociales y de boca a boca, y los desmentidos constantes de parte de voceros gubernamentales. Aún a la distancia se hace imposible evaluar la magnitud del impacto que la omisión de la verdad en aquel período tuvo en la estabilidad y en el ánimo de los venezolanos. Lo genuinamente responsable hubiera sido escoger la transparencia: informar abiertamente sobre el cuadro médico de quien se postulaba entonces a la reelección y someter el tema a la decisión del electorado. En la mesa de juego de cierta política, lamentablemente, no parecen considerarse nunca ese tipo de dilemas.
Salvando las enormes distancias con el proceso electoral norteamericano, la experiencia venezolana sí debería ser tomada como una lección y como un punto de partida para el debate acerca de las implicaciones de mantener en secreto información sobre enfermedades graves en los casos de aspirantes a cargos de elección popular cuyo destino concierne y afecta a millones de personas. Los ciudadanos debemos estar preparados para exigir a los líderes que se manejen con sinceridad y ética en estas circunstancias.
