Marielba Núñez
Hasta hace pocos meses, la difteria se consideraba eliminada en Venezuela. El último caso se había reportado en el estado Zulia en 1992, por lo que la enfermedad causada por la Corynebacterium diphtheriae, que en la década de los cuarenta causaba un promedio de 60 defunciones por año, había dejado de ser una amenaza de salud pública en el país, principalmente gracias a los éxitos conseguidos en la aplicación masiva de la vacuna que constituye la principal forma de prevenirla.
Sin embargo, desde hace algún tiempo se venían escuchando llamadas de atención de especialistas que advertían sobre la inminente la reaparición de la difteria, así como del regreso de otras enfermedades que azotan sobre todo a la infancia, debido en gran parte a las múltiples fallas que vienen confrontando los programas estatales de inmunización y la intermitente escasez de vacunas tanto en consultorios públicos como en privados. Esos temores se vieron confirmados con la reciente noticia de la muerte por difteria de al menos 17 niños en el estado Bolívar, que sólo fue confirmada oficialmente por la gobernación hace apenas unos días, a pesar de que los primeros decesos ocurrieron en abril y las corroboraciones obtenidas mediante pruebas de laboratorio datan de mediados de año, según relataron médicos de los hospitales regionales a los medios de comunicación.
No es de extrañar que el Ministerio de Salud venezolano tome en este caso la vía de la opacidad informativa, porque esa es la conducta que ya lo ha caracterizado ante epidemias como las de la gripe AH1N1, dengue, chinkungunya y zika, pero al ser la difteria un Herodes que hace de la infancia su principal víctima no hay ninguna forma de excusar ni de aceptar el mutismo que el Ejecutivo nacional parece haber convertido en política de Estado.
Las acciones que se deberían tomar para actuar ante el diagnóstico de la enfermedad están suficientemente descritas en los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, e incluyen la administración temprana a los pacientes de la antitoxina diftérica y antibióticos. A pesar de que era previsible, con las carencias que afrontan los hospitales, anticipar un escenario en el que no hubiera medios para tratar la enfermedad, es imposible no horrorizarse ante los reportes que dan cuenta de la ausencia de medicamentos básicos que en este momento son indispensables para salvar vidas.
Tiene mucho que explicar a los venezolanos la ministra de Salud, Luisana Melo. Debería comenzar por informar cuál la cobertura real de los programas de vacunación, especialmente en el estado Bolívar. También debería asumir la responsabilidad por las consecuencias que ha traído el silencio oficial sobre la reaparición de la enfermedad y por la tardanza en activar una campaña para proteger a la población en riesgo, especialmente niños y niñas, los más vulnerables ante el ataque de un antiguo y temible enemigo cuya reaparición no puede justificarse de ninguna manera.