Por: Luis Gerardo Gabaldón
Venezuela y Colombia comparten una tradición, mestizaje, costumbres y una frontera extensa y porosa. La integración económica, territorial y humana es más factible entre países tan parecidos, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas e institucionales. Con ocasión de los acuerdos de noviembre ha surgido una agenda de trabajo exigente; en lugar de una auténtica desmovilización podría darse un desplazamiento a territorios vecinos para continuar la lógica de negocios y estilos de vida en otra escala, quizás menos visible pero más extendida. También se ha sugerido que los cultivos de coca se han duplicado en el último par de años y que el narcotráfico colombiano está reorientándose hacia el mercado interno. Se sabe que cuando ha bajado la oferta de drogas, se dispara el precio, las ganancias y la violencia, mientras la vinculación del narcotráfico con la guerrilla es compleja e incide en distintas modalidades de delincuencia y violencia colateral.
¿Qué posibilidades realistas hay para la macro inversión que requeriría la atención de la pobreza, la reducción del conflicto, la superación de la precariedad institucional y la eventual sustitución de cultivos? ¿Qué tipo de acuerdo y de garantes, incluyendo los internacionales, se requieren para avanzar en una desmovilización que no implique recolonización territorial y difusión capilarizada de la violencia? Las amenazas, a través de formas delictivas más allá del homicidio, como la extorsión y el secuestro, podrían resultar menos visibles pues no implicarían enfrentamientos directos con el ejército, mientras se habla de justicia transicional y reparación a las víctimas, uno de los mayores desafíos y promesas dentro de la ejecución de los acuerdos de paz. El nuevo marco de reconocimiento temprano, tardío o no, de la responsabilidad por parte de los victimarios para la determinación de fórmulas alternativas de cumplimiento de las penas, marcará precedentes sustantivos y procesales, que rebasan la situación específicamente colombiana, con repercusión en nuestra región y fuera de ella.
El escenario colombiano del post conflicto plantea cuestiones relevantes en cuanto a la violencia y la victimización, la resolución alternativa de conflictos, nuevos paradigmas de regulación jurídica, migraciones, desarrollo social y mercados ilícitos. La posibilidad de articular un proyecto de investigación orientada binacional, con una universidad aliada de la UCAB en Colombia, que brinde facilidades operativas para articulación de esfuerzos en investigación y docencia, podría ser un germen de colaboración temática en torno al eje de la violencia y el post conflicto, cuestión que interesa a ambos países y que forma parte de la agenda de problemas vinculados a la seguridad pública y la gobernanza en América Latina, de los cuales se han hecho eco varios organismos multilaterales. Estos aspectos plantean cuestiones para la investigación y seguimiento de políticas públicas alternas al castigo y prisión tradicionales, cuando las tasas de encarcelación se han disparado en todos los países mientras se requeriría pensar en alternativas para enfrentar esa congestión.
Existen buenas posibilidades, dentro de una frontera de algo más de 2.000 kilómetros, de localizar un área piloto de estudio donde exista despliegue operativo de la FARC (o eventualmente del ELN, que tiene mayor presencia en la extensa y relativamente despoblada frontera llanera, y que actualmente negocia un acuerdo similar en Ecuador), o donde se pretenda determinar áreas de asentamiento temporal, de redistribución de tierras o de erradicación de cultivos, a fin de observar y documentar, mediante diversos formatos y una metodología que permita hacer seguimiento en el tiempo, los efectos de esta reconversión y tratamiento de justicia transicional y su impacto a ambos lados de la frontera, evaluando tendencias, resultados, percepciones de moradores y evolución, con el fin de apreciar perspectivas y formular recomendaciones. Ello podría operar con un equipo de trabajo bilateral en el área seleccionada, que será muy permeable y sensible a cambios locales, contribuyendo a sugerir iniciativas para regular desplazamientos y movimientos migratorios que, según análisis recientes varían de acuerdo a factores complejos que rebasan los indicadores tradicionales para explicarlos, como producto interno bruto, soporte familiar, redes locales y tendencias políticas de los respectivos gobiernos.
