Las manifestaciones realizadas en Caracas este 06 de abril en protesta por las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional dejaron al menos 30 detenidos, según cifras oficiales ofrecidas por el propio gobierno nacional. En la lista hay dos estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello: Ricardo Padilla y Fernando Rodríguez.
Padilla es estudiante de ingeniería civil y Rodríguez de ingeniería informática. Los dos jóvenes fueron apresados alrededor de las 6:40 pm por la Policía Nacional Bolivariana mientras protestaban en los alrededores de Altamira.
Alrededor de las 9:40 pm del jueves, el equipo de asistencia jurídica del Centro de Derechos Humanos informó en redes sociales que ambos habían sido recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ubicada en el Helicoide. Durante la mañana de este viernes, los jóvenes fueron trasladados a la División de Terrorismo del CICPC ubicada en la avenida Urdaneta.
Familiares de Fernando Rodríguez confirmaron a www.analitica.com que el estudiante ya fue liberado. Su madre denunció que el muchacho sufrió maltrato por parte de los funcionarios policiales. «Lo golpearon y lo hicieron firmar muchos papeles que no sabe que eran porque lo golpeaban para que firmara. Cuando le preguntaron su dirección y se confundió le pusieron corriente por ‘mentiroso’”, declaró María Verónica Vázquez según se lee en la reseña del portal informativo.
A través de Twitter, los representantes del movimiento estudiantil de la UCAB rechazaron las detenciones y exigieron la liberación inmediata de sus compañeros. Igualmente repudiaron el asesinato del joven estudiante de 19 años, Jairo Ortiz, ocurrido la noche de este jueves durante una manifestación en el sector Montaña Alta de Carrizal, en el estado Miranda.
El pasado 04 de abril, el Consejo Universitario de la UCAB emitió un comunicado en el que «exige el cese de la represión contra todos aquellos que defienden la democracia y el estado de derecho a través de manifestaciones públicas legítimamente establecidas en nuestra Carta Magna».
