Mensaje claro y valiente de espiritualidad encarnada. Nuestros obispos vuelven a decir que esta realidad es inaceptable y graves las recientes decisiones inmorales del Ejecutivo y el Poder Judicial, combinados para eliminar la Asamblea Nacional. Se ha puesto en evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial. La anulación de la Asamblea no se produjo el 30-3-17con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, pues desde el día mismo (6D) del triunfo arrollador de la oposición, el régimen buscó anularla: eliminaron sin nuevas elecciones a los diputados del Amazonas, cancelaron el Referéndum Revocatorio, suprimieron las elecciones de gobernadores de 2016, anularon toda legislación de la Asamblea con cincuenta decisiones del TSJ, aumentaron los perseguidos, exiliados y presos políticos y el anticonstitucional empeño de mantener el “Plan de la Patria” con su economía destructiva y sembradora de miseria, inflación y escasez. Todo ya era dictadura antes del 30 de marzo, pero ahora el Ejecutivo nos ha hecho el gran favor de ponerlo más en evidencia nacional e internacional.
La Fiscal rápida y claramente denunció la ruptura del orden constitucional. Las reacciones de gobiernos, ex-presidentes, organismos internacionales como MERCOSUR Y OEA, asustaron al gobierno y este quiso esconder el rostro dictatorial ordenando a la sumisa TSJ maquillar con “aclaratorias”, para Maduro decir que se había “superado el impasse”. Afortunadamente la Asamblea Nacional, con la valiente y acertada conducción de su presidente Julio Borges y el conjunto de dirigentes, no cayó en la trampa y la OEA tampoco: mientras no se restituyan plenamente los poderes constitucionales de la AN, hay dictadura. El país y el mundo ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores… Este grave delito tiene delincuentes que deben ser sancionados ”y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenan o ejecutan incurren en responsabilidad penal” (Const. Art. 25) ¿Qué espera el Defensor del Pueblo para cumplir con sus deberes constitucionales (Const. art. 281)? No hacerlo es complicidad con el golpe y una burla seguir diciendo que este es un régimen de soberanía popular cuando el régimen, con sus desacertadas y empecinadas políticas, le ha quitado al pueblo la comida, las medicinas vitales, las libertades, la seguridad y la Constitución…
La Presidencia de la Conferencia Episcopal el mismo día 31 dio a conocer su rotundo rechazo de este atropello dictatorial señalando que este poder trata de perpetuarse manipulando al pueblo y “olvidando que las necesidades reales de la gente reclaman otra visión de poder” (n.3) La autoridad es para servir al pueblo y no para oprimirlo. Los obispos rechazan estas decisiones “que desconocen e inhabilitan al órgano público (AN) que representa la soberanía popular”. “Desconocer la existencia del otro y sus derechos, sencillamente es destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural” (n. 5) y burlarse de todo diálogo.
No estamos ante una disputa de poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que despoja al pueblo de su soberanía. Por eso los obispos recalcan que el golpe es contra la gente y afecta más gravemente a los más necesitados: “Más allá de las consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a el le toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable” (n.4). La “democracia participativa y protagónica” está muerta y si el Poder Moral si calla será cómplice inmoral. Afortunadamente la AN enfrenta el golpe, así como los dirigentes políticos democráticos, las asociaciones y las mil formas de la sociedad civil, las universidades, las academias, los países…. ¿Dónde está la Fuerza Armada democrática? Es un deber de conciencia rechazar el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier decisión que la viole (art. 350). Los obispos hacen un “urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacificas, los justos reclamos a los poderes púbicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas.”(n.6) Nos invitan a vivir los actos religiosos de la Semana Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, “con un contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad…”
Publicado en el diario El Nacional el 13 de abril de 2017
