Sobre las amenazas del Presidente de la República contra el Profesor y Diputado José Guerra
Tamara Slusnys
El 23 de abril de 2017 el Presidente de la República amenazó al Diputado José Guerra con encerrarlo «más pronto que tarde» en una celda de alguna cárcel del Estado Guárico, acusándolo de actos de violencia ocurridos en El Valle.
La acusación se suma a otras hechas desde el 16 de abril, que incluyen financiar ataques contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia en Chacao y contratar a «sicarios y asesinos» para «agredir a su propia gente». El Presidente ha dicho contar con «pruebas graves» que «en su momento» presentará «oficialmente ante las autoridades judiciales del país». Sin embargo, hasta la fecha únicamente ha divulgado videos de las declaraciones de dos jóvenes detenidos, sobre cuya confiabilidad pesa la sospecha de la tortura.
Luego de las amenazas, el Diputado Guerra, también Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (Escuela de la cual fue Director), ha recibido el respaldo de profesores de Economía de distintas Escuelas del país.
Como Presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, cuenta con el reconocimiento de quienes han exigido del Poder Legislativo responsabilidad en la aprobación (o no) del gasto y endeudamiento públicos, que imponen la Constitución y el más elemental principio de transparencia.
Durante los últimos dos meses dos acontecimientos, entre otros, precedieron las amenazas del Presidente. Primero, la detención del Economista y Profesor Santiago Guevara, realizada, según el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo “sin el respeto al debido proceso, a ser juzgado por su juez natural, con violación flagrante al principio de la presunción de inocencia”, con el fin de “procesarlo por traición a la Patria e instigación a la rebelión”.
Segundo, la «ruptura del orden constitucional» que, tal como señaló la Fiscal General de la República, constituyó la aprobación de las sentencias 155 y 156 por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Con ellas se pretendió acusar a los diputados de traición a la patria y desconocer su inmunidad parlamentaria, retirando a la Asamblea Nacional las competencias que le restaban luego de sucesivos y muy discutibles Decretos de Emergencia Económica.
Sobre ambos acontecimientos, el Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello ha manifestado su rechazo en pronunciamientos divulgados el 7 de marzo y el 4 de abril de 2017, respectivamente.
Las amenazas del Presidente de la República en contra del Diputado y Profesor José Guerra, independientemente de su cumplimiento, ponen en evidencia la urgente necesidad de restaurar el orden constitucional, respetar la investidura de todos los diputados electos, garantizar el debido proceso, reconocer el derecho a la protesta pacífica, rechazar la violencia, devolver la libertad a los presos políticos y hacer escrupulosa evaluación del uso presente y futuro de los recursos públicos.
Ronald Balza Guanipa
Decano (E)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad Católica Andrés Bello
