El pasado 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Tierra, una iniciativa que se instituyó mundialmente para sensibilizar y educar a la población sobre los principales problemas del planeta y sus posibles soluciones. La fecha también permite reflexionar sobre las medidas que los distintos países y ciudadanos deben tomar para lograr que las futuras generaciones disfruten de forma consciente de los recursos naturales.
En medio de la crisis social y política que atraviesa el país, muchos pensarán que estos asuntos son de poca importancia. Sin embargo, el coordinador de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, Daniel Guitian, sostiene que la lucha por las libertades públicas y el estado de derecho también es una lucha por el medio ambiente.
¿La razón? El disfrute pleno de la libertad y la transparencia en la gestión pública propia de los sistemas abiertos pueden generar un entorno favorable para el respeto al medio ambiente por parte de la sociedad.
“Quizás en este momento de coyuntura política se podría creer que el ambiente no tiene lugar. Pero para lograr el desarrollo sostenible es necesario vivir y actuar con las libertades y garantías que otorga la democracia, donde es posible el debate público, la participación de actores calificados, la autonomía institucional y el cumplimiento de las leyes”.
LA IMPORTANCIA DE UNA AGENDA AMBIENTAL
Daniel Guitian cree que la agenda ambiental debe incluirse en las prioridades de los grupos de trabajo que están luchando por la restitución del orden constitucional en el país.
«A pesar de que hay prioridades en el ámbito político, no podemos aislar este tema», sostiene el biólogo de la Universidad Central de Venezuela y magister en Ingeniería Ambiental de la UCAB, para quien las concesiones de explotación del arco minero en el sur del país y los derrames petroleros son una pequeña muestra de la grave problemática ambiental y del manejo opaco que se viene haciendo en la materia.
«Aunque ciertamente existen leyes que regulan la explotación de recursos en el país, no se conoce si se realizó un estudio de impacto ambiental para un proyecto de una magnitud como el de la explotación minera, que está amenazando la supervivencia de especies de flora y fauna y la disponibilidad de recursos como el agua»
Como experto, recuerda que el país no puede dar la espalda a estos temas porque Venezuela está adscrita a numerosos convenios ambientales internacionales.
«Por ejemplo, en 2015 se celebró la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, y se acordó medir y reducir emisiones de gas invernadero, uno de los problemas globales relacionados a la contaminación ambiental. Allí Venezuela se comprometió a cuantificar la emisión de estos gases para realizar un diagnóstico y poder establecer prioridades y acciones. Hasta ahora, no ha cumplido este objetivo».
