Mediante un documento divulgado en su página web, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) denunció que el Plan Zamora viola la Constitución venezolana.
El pasado 18 de abril, el presidente Nicolás Maduro ordenó la activación del «Plan Estratégico Especial cívico- militar Zamora en su fase verde», argumentando que tomaba la decisión «para derrotar el golpe de Estado y garantizarle la paz a toda Venezuela». La medida se hizo pública un día antes de que la oposición convocara la movilización del 19 de abril.
Casi un mes después del anuncio, el gobierno ha recrudecido la represión a través de los cuerpos de seguridad del Estado y se han registrado numerosos ataques de civiles armados contra las manifestaciones que se realizan en el país.
En el documento titulado «10 pistas para entender el Plan Zamora», el CDH UCAB explica que el Plan Zamora 200 es «una operación militar que combina la participación de elementos militares y civiles ‘ante posibles ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía del país’”.
No obstante, la ONG indica que, de acuerdo a la Carta Magna, la seguridad del país es obligación exclusiva de la Fuerza Armada Nacional junto a los órganos de seguridad ciudadana como el CICPC, la Policía Nacional, entre otros.
«Ni las milicias, ni los colectivos u otras ‘fuerzas populares’, ni ningún otro grupo de civiles están facultados para ejercer funciones de orden público, por lo que no pueden recibir armas del Estado, ni usar las propias en su nombre. La incorporación de civiles en el Plan Zamora viola la Constitución».
El CDH UCAB advierte que con la aplicación del Plan Zamora 200 se está imponiendo «de facto» un «estado de conmoción no declarado» que está «violentando garantías constitucionales que no han sido suspendidas» y afectando los derechos humanos. Señala como ejemplos la multiplicación de las detenciones arbitrarias, la criminalización de las protestas, las torturas de detenidos y las campañas de incitación al odio.
La ONG sostiene que, al ser una operación militar diseñada para responder a los ataques externos e internos, considera al ciudadano como un posible “enemigo” y vulnera garantías como el derecho a la vida, libertad de tránsito, además del derecho a protestar pacíficamente, el derecho a la privacidad y a la honra y el derecho a la libertad de expresión.
Dado que ni la Fuerza Armada ni los civiles agrupados en “fuerzas populares” están capacitados para ejercer labores de control de orden público, al percibir al ciudadano como “enemigo”, es previsible que se produzcan acciones con saldos negativos en materia de vida, integridad personal, libertad, entre otros.
Ante esta situación, el CDH UCAB pide a los ciudadanos denunciar, documentar y difundir cualquier violación cometida durante la aplicación del Plan Zamora, no solo de los funcionarios de los cuerpos de seguridad sino de los civiles incorporados a las tareas de orden interno. Recuerda que el Estado venezolano es responsable internacionalmente.
«Mientras esté activado el Plan Zamora 200, las acciones de civiles armados, así como los actos de intimidación y amenazas por redes sociales y otros medios pasan a formar parte de la política de Estado y sus ejecutores deben ser tenidos como funcionarios, es decir, agentes del Estado que comprometen la responsabilidad de éste cuando violan derechos humanos».
Para leer el documento emitido por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, puedes hacer clic aquí
♦ Katherine González
