“El caos es un orden por descifrar” decía José Saramago y es la frase con la que el Doctor en Derecho, Cesar Augusto Carballo, comenzó a ilustrar la situación política, social y económica que vive Venezuela, durante su participación en el foro “Desafíos de la actividad empresarial en Venezuela. Una visión interdisciplinaria”, actividad realizada este martes 6 de junio en el marco de la Semana de Postgrado UCAB.

De acuerdo a Carballo, en los últimos años las empresas venezolanas se han tenido que enfrentar a un contexto desfavorable en el que el precio justo juega con los costos y ganancias, donde no se respeta el Estado de Derecho y donde los empresarios se debaten cada día entre cómo pagarle a sus trabajadores, cómo continuar con la producción y cómo seguir ofreciendo calidad a sus clientes.

Sin embargo, el abogado advirtió que el horizonte podría ser mucho peor si la Asamblea Nacional Constituyente se concreta. La razón: la nueva Carta Magna despejaría el camino a la «instauración por completo el modelo socialista en Venezuela».

ADIÓS A LA ECONOMÍA PRIVADA

Según Carballo, un sistema socialista influiría de manera negativa en toda la dinámica económica. Desarrolló una serie de escenarios que le llevan a hacer estas predicciones.

«Partiendo de la premisa de que no hay derecho al trabajo sin capitalismo, la Constituyente plasmará los objetivos estipulados en el Plan de la Patria. En este punto el trabajo pasará a ser un instrumento del Estado y una herramienta para alcanzar sus propios fines; más allá del desarrollo de la economía».

El abogado señaló que en el modelo socialista las empresas son concebidas como «prioridad social» y, por lo tanto, «prioridad estatal»,  razón por la cual no habría espacio para la iniciativa privada y su libre desarrollo.

«Bajo este planteamiento, las compañías serían controladas por un Consejo de Trabajadores conectado a las comunas y bajo el poder del Ejecutivo Nacional, perdiendo así la autonomía que toda empresa necesita tener para funcionar».

Carballo dejó claro que en una economía bajo control estatal se agravaría la situación salarial de los trabajadores y, por ende, la pobreza. Mencionó como ejemplo todo lo que el gobierno viene haciendo para evadir la acumulación de prestaciones sociales a través de la incorporación  en el sueldo de los bonos de alimentación.

«Actualmente el salario mínimo total de un venezolano está conformado en 32,50% por sueldo y 67,49% por el llamado cestaticket, un mecanismo que no cuenta a la hora de calcular las prestaciones sociales. El Estado no tiene cómo financiar los aumentos salariales. Por eso usa este sistema».

El especialista concluyó que la Constituyente generará una crisis de gobernabilidad y conflictividad no solo en el sector empresarial, sino en todos los ámbitos.

 

PRIORIDAD: EL ESTADO DE DERECHO

El segundo experto participante en este foro fue el abogado Luis García Montoya, quien manifestó por qué es urgente reconstruir el estado de derecho en Venezuela si se quiere observar una mejoría en la situación económica no solo de las empresas sino de la ciudadanía en general.

De acuerdo a García Montoya, la inexistencia de normas jurídicas claras y respetadas condena al  país a sufrir consecuencias como la reducción de la inversión, desmotivación de la libre iniciativa, cese de la incorporación de nuevas tecnologías,ausencia de políticas económicas y cambiarias estables, todas las cuales contribuyen a hacer la vida de los ciudadanos cada vez más precaria.

«En vista del mal manejo de las políticas sociales y económicas se ha podido ver cómo los venezolanos han tenido que recurrir a nuevos oficios como ‘gestores’, ‘buhoneros’,  mototaxistas, ‘bachaqueros’, etc, para poder sobrevivir. Estos oficios son producto de la distorsión de la economía y hacen que el venezolano no tenga acceso al financiamiento para crecer, pierda interés por buscar una mejor educación,  no tenga incentivos para invertir en su futuro, entre otras cosas».

El abogado insistió en que el país se dirige hacia el fracaso total  si no se corrige este rumbo. Llamó a todos los sectores a trabajar en la reconstrucción de reglas de juego claras para todos.

♦ Katherine González