Hace ya algunos años que el virus de inmunodeficiencia humana no tiene que traducirse en una condena a muerte. El desarrollo de medicamentos antirretrovirales, que pueden mantener a este microorganismo a raya para evitar que ejecute su perversa tarea de debilitar las defensas contra las enfermedades, ha sido uno de los grandes triunfos de las investigaciones médicas de las últimas décadas.
Otro de los logros en el combate contra el VIH, que como se sabe puede desencadenar el sida, ha sido el paulatino desmontaje del estigma que se erigió en torno a esta infección cuando irrumpió como problema de salud pública mundial en los años ochenta.
Hoy se sabe que es vital para cualquier país que quiera llevar adelante programas serios de prevención y de control de la epidemia erradicar la discriminación contra las personas que viven con el virus que afecta a más de 33 millones de personas en el mundo.
De allí que sea en extremo lamentable el comunicado del Tribunal Supremo de Justicia sobre la muerte del concejal Carlos García, cuya seguridad e integridad, por cierto, era responsabilidad del Estado.
Pese a que el documento sostiene que se le brindó asistencia médica, sugiere que su fallecimiento se debió a una hipotética «enfermedad infecciosa inmunodeficiente», pasando por alto que, en caso de que se refiera al VIH, existen tratamientos a los que las personas con esta condición tienen derecho precisamente para conservar la salud, y que deben ser garantizados y distribuidos por los organismos públicos, como lo han refrendado la jurisprudencia y las leyes venezolanas.
Es nefasto el efecto que sobre la población pueden tener palabras que parecen querer insuflar nueva vida a los viejos fantasmas de los prejuicios que alguna vez hicieron ver un problema de salud como una especie de castigo bíblico.
Es precisamente por el temor a ser víctimas de ideas retrógradas y vejaciones que aún muchos optan por el secreto y no buscan asistencia médica. Insinuaciones como las que hace el TSJ se convierten así en verdaderas tragedias.
No hay que olvidar tampoco las múltiples denuncias que se han hecho sobre la irregularidad en el suministro de fármacos contra el VIH en Venezuela, pues no es una excepción en un paisaje de extrema escasez.
Según un informe presentado hace poco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida y Provea, más de 80% de los 77.000 venezolanos registrados en el programa de suministro de antirretrovirales del Ministerio de Salud han sido afectados por la ausencia de estos medicamentos, lo que compromete la continuidad de sus tratamientos y, por lo tanto, sus posibilidades de permanecer sanos.
A estas alturas, con todo el camino recorrido por activistas, pacientes, organizaciones de derechos humanos e investigadores médicos, es inaceptable que los ciudadanos con esta condición sigan padeciendo de esta forma y que quienes detentan los más altos poderes sigan insistiendo en enviar mensajes que sólo denotan indolencia e ignorancia.
