“Existe en el Estado un manejo deliberado de normas, políticas y prácticas para suprimir la libertad académica y la autonomía universitaria”. Ésta es la principal conclusión que se desprende del informe “El pensamiento bajo amenaza. Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela”, documento presentado en rueda de prensa este martes 17 de octubre por los rectores Francisco Virtuoso y Benjamín Scharifker (UCAB y UNIMET, respectivamente), quienes estuvieron acompañados por la directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar; la directora del Centro de Derechos Humanos de la UNIMET, Andrea Santacruz; y los representantes estudiantiles Ignacio Belisario (UCAB) y Guillermo Medici (UNIMET).
La investigación fue realizada por la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, alianza conformada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET) además de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), el Observatorio de Derechos Humanos de Universidad de Los Andes (ULA), el Proyecto de visibilización y educación en derechos humanos de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo (UC) y la Cátedra de periodismo y derechos humanos de UCAB Guayana.
Según informó la directora del CDH UCAB, Ligia Bolívar, el estudio no tiene precedentes a nivel internacional y se planteó demostrar cómo el gobierno viene aplicando de facto la Ley de Educación Universitaria aprobada por el parlamento en 2010 y vetada en el año 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez.
“El estudio comprueba cómo por la vía de los hechos se está imponiendo al sector universitario una ley que no existe, lo cual está acabando con la autonomía de las universidades tanto en el sector público como en el privado y busca doblegarlas y someterlas”.
La directora del CDH-UNIMET, expresó que uno de los valores del estudio es la amplia documentación que incluye.
“Una de las cosas que hemos querido destacar en este informe es todo el proceso de represión, amenazas y ataques tanto a las autoridades como a los estudiantes y al resto de la comunidad universitaria no solo de instituciones de Caracas sino de todo el país y cómo estas acciones vulneran no solo la libertad académica sino otros derechos como la libertad de expresión, el derecho a la asociación y a la reunión”.
En este sentido, el rector de la UCAB, Francisco Virtuoso, aseguró que el informe pone al descubierto la política sistemática y generalizada de ataque que viene aplicando el gobierno contra las universidades en tres áreas: deterioro de la calidad educativa, represión y criminalización e interferencia directa en la autonomía.
“Desde hace 10 años no se autoriza la aprobación de ningún programa que se someta a la consideración del CNU en materia de pregrado o postgrado. Hay injerencia interna en las universidades públicas en cuanto al ingreso de los estudiantes y ahora también sobre la incorporación de nuevos profesores; además el informe documenta cómo el Ministerio de Educación Universitaria ha intervenido directamente en la sustitución de cargos de autoridades como en el caso de la Universidad Simón Bolívar y ahora en la UCLA, lo cual viola procedimientos internos consagrados en la ley. La autonomía universitaria está muy restringida, muy cuestionada, muy en peligro en Venezuela y eso supone que nuestras universidades vayan perdiendo condiciones y calidad. Recuperar la calidad universitaria pasa por recuperar la autonomía universitaria”.
El rector de la UNIMET, Benjamín Scharifker, manifestó su preocupación porque la política de cerco institucional contra las universidades del país está atentando contra el progreso de la sociedad venezolana en su conjunto. Mencionó ejemplos explicados en el informe como las más de 43 sentencias del TSJ que impiden la renovación de autoridades, la creación de asociaciones gremiales paralelas o la apertura de nuevas universidades tuteladas completamente por el gobierno.
“Las sociedades progresan hoy en día por el conocimiento y las capacidades de su gente, no por la explotación de sus recursos naturales. Cuando no existe la autonomía universitaria, las sociedades se quedan ancladas en el pasado. En Venezuela, en los últimos 10 años la producción de conocimiento científico se ha reducido a la mitad. En el mismo período la producción de conocimiento científico se ha multiplicado por cuatro. Es decir, en este momento producimos 8 veces menos conocimientos que los que produce Colombia. Además, hace una década, de cada 100 estudiantes que entraban en nuestras universidades el 30% egresaba en un lapso de 5 a 6 años. Hoy la tasa de egreso en la educación universitaria en Venezuela es menor al 10%. Se ha reducido a un tercio de lo que era hace una década y eso se relaciona con la pérdida de la autonomía universitaria, porque al no poder decidir qué programas ofrecer, qué docentes contratar y qué estudiantes aceptar para garantizar la igualdad de oportunidades, las universidades no pueden satisfacer las necesidades de la sociedad y por ende la sociedad se atrasa”.
A nombre de la representación estudiantil, el coordinador de asuntos políticos de la Federación de Centros de Estudiantes de la UNIMET, Guillermo Medici, se refirió a los hechos de represión contra los jóvenes universitarios publicados en el documento. El informe menciona, entre otras cosas, la detención de más de 3.000 universitarios durante las protestas del año 2014 y el asesinato de 20 estudiantes durante el año 2017, además del enjuiciamiento de decenas de jóvenes en tribunales militares o el ataque a la infraestructura de más de 20 universidades por parte de civiles armados o cuerpos de seguridad.
“Este informe es una muestra de lo que los estudiantes vivimos en Venezuela. Sufrimos una persecución constante. Somos víctimas de la represión. Este año, un compañero de la UNIMET fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena. Además este año más de 100 estudiantes de nuestra universidad han sido lesionados por los cuerpos de seguridad del Estado, sin contar con que las autoridades han ingresado sin autorización a nuestras instalaciones violando el recinto universitario”.
El consejero universitario de la UCAB, Ignacio Belisario, hizo referencia a las acciones de represión económica que están incidiendo en la deserción de estudiantes y profesores. Citó como ejemplos la reducción del presupuesto de funcionamiento de las casas de estudio, la restricción del acceso a divisas o la imposibilidad de acceso a los recursos estatales para investigación, además de las amenazas a las universidades privadas respecto al cobro de matrícula para cubrir sus costos.
“La represión no es solo con balas o lacrimógenas. La restricción del acceso a divisas imposibilita la renovación de equipos, el sostenimiento de las universidades nacionales en redes internacionales de intercambio académico y la participación de investigadores y profesores en iniciativas de actualización que permitan elevar su nivel de conocimiento. Estas condiciones han generado un éxodo masivo de docentes e investigadores que el informe cuantifica en alrededor del 50% en todas las universidades nacionales, lo cual es preocupante porque son ellos quienes generan conocimiento y forman a las nuevas generaciones”.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, aseguró que este informe será enviado a representantes de varios organismos internacionales, incluyendo el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el relator de Naciones Unidas para el derecho a la Educación y la UNESCO, además de ONG especializadas en el tema como Scholars at Risk.
El documento completo del informe “El pensamiento bajo amenaza. Situación de la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela” está disponible para descarga a través del siguiente enlace: https://goo.gl/SgyafS
La investigación fue realizada por la Coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos, alianza conformada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET) además de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), el Observatorio de Derechos Humanos de Universidad de Los Andes (ULA), el Proyecto de visibilización y educación en derechos humanos de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo (UC) y la Cátedra de periodismo y derechos humanos de UCAB Guayana.
