“No es posible refinanciar la deuda”. Así de tajante fue el economista y diputado José Guerra al responder la pregunta planteada durante el foro “¿Es posible reestructurar la deuda venezolana?”, realizado este jueves 9 de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello.

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aseguró que en la actualidad el gobierno no está en capacidad de hacer frente a los compromisos que tiene con sus acreedores, pero tampoco tiene credibilidad para ofrecerles nuevas condiciones de pago.

“La reestructuración anunciada por el presidente Maduro no es posible porque no hay un programa económico serio. Ningún fondo de inversión que tenga deuda venezolana va a aceptar canjear una deuda que se vence ahorita por una que se venza en el 2030 si no le prometen un plan distinto que haga viable la economía venezolana”.

Con la apreciación de Guerra coincidieron los otros cuatro especialistas que  participaron en el encuentro, para quienes el Ejecutivo venezolano tiene serios inconvenientes en esta materia, entre ellos las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. 

“Buena parte de la deuda en dólares que tiene la República se maneja por las leyes del estado de Nueva York. Y la orden 13808 del gobierno de Estados Unidos prohíbe expresamente a corporaciones y particulares de ese país realizar ningún tipo de negociación financiera con el gobierno venezolano. Además cualquier refinanciamiento exige la aprobación de la mayoría de los acreedores, lo que parece un obstáculo insalvable “, señaló Miguel Mónaco, abogado y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB.

La posibilidad de que el gobierno entre en un proceso de “default” o impago es ahora un escenario muy probable para los especialistas. El economista Asdrúbal Oliveros (socio director de la firma consultora Econoanalítica)  advirtió que esto ocurriría en un contexto de contracción de la economía que alcanza 36% en los últimos cuatro años, una caída de la producción petrolera de 600 mil barriles en dos años  y una tasa de inflación que podría cerrar en 2100%, además de una perspectiva déficit fiscal que en 2018 podría ser cuatro veces mayor al de este año.

“Al gobierno se le agotó el modelo para pagar deuda. Hasta ahora lo había logrado a través de la reducción de las importaciones, porque más de la mitad del dinero usado en estos años para pagar deuda ha venido de la reducción de importaciones, lo que ha tenido un costo social profundo por los alimentos y medicinas que han dejado de entrar al país.  Este año las importaciones se redujeron al mínimo histórico y aun así  el gobierno no tiene dinero para pagar. El problema es que no puede seguir reduciendo aún más las importaciones”.

La economista Tamara Herrera (directora de la firma Síntesis Financiera) indicó que, ante esta situación tan precaria en las finanzas públicas, el gobierno podría tomar el camino de un “default selectivo”, es decir, cancelar solo la deuda que tiene PDVSA, con el fin de ganar tiempo y ahorrar algo de dinero para sus fines políticos.

“La carga de la deuda en el presupuesto es enorme. Proyectamos que en 2018 el gobierno tendrá que destinar cerca de 40% de los ingresos a pagar servicio de la deuda…Con un escenario de elecciones presidenciales en puertas, lo que está sobre el tapete es la opción de que el gobierno pase a ‘default selectivo’ sobre la deuda soberana para reducir la carga. Esto suena muy astuto, porque quizás le da un margen de maniobra importante para destinar el gasto público a  ganar las elecciones, pero si lo hace en 2019 el país estará irresponsablemente en una situación sumamente grave de cara al resto de sus compromisos”.

Desde Nueva York y vía Skype, Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma de inversión Torino Capital, aseguró que separar la deuda de PDVSA del resto de la deuda pública y continuar pagándola podría ser una alternativa para calmar a los mercados. Cree, además, que el Ejecutivo podría emitir nueva deuda para obtener recursos si se compromete a usar el dinero para la adquisición de alimentos y medicinas. Sin embargo, considera necesario que el gobierno pida ayuda al parlamento para que autorice ese endeudamiento y cualquier reestructuración, único mecanismo que permitiría superar la barrera de las sanciones de Estados Unidos, toda vez que la Asamblea Constituyente no es reconocida internacionalmente.

“Si Venezuela emite deuda, solicita la aprobación y ésta se aprueba por la Asamblea Nacional, el Departamento del Tesoro considerará emitir una autorización para que esa deuda sea reconocida. Sin embargo, este hecho supone algún tipo de acuerdo político entre oposición y gobierno”.

Como presidente de la Comisión de Finanzas del parlamento, el diputado José Guerra señaló que es muy peligroso que sectores del gobierno jueguen al “default” porque «podría suponer más hambre y miseria para todos». Aseguró que el órgano legislativo solo estaría dispuesto a aprobar nueva deuda si se emprende un programa de reformas económicas profundas que involucre a todos los sectores nacionales.

“No vamos a aprobar nuevo endeudamiento hasta que no haya un programa económico serio que levante el control de precios, el control de cambio, que sincere el costo de los servicios y que abra la industria petrolera al capital privado nacional e internacional para que aumente la producción y la inversión y aumenten nuestros ingresos. Con un nuevo esquema de política económica el refinanciamiento es posible. Pero eso requiere un gran acuerdo nacional de Estado para que sea posible”.

El foro “¿Es posible reestructurar la deuda venezolana?” realizado este 9 de noviembre en la UCAB contó con la moderación de Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta casa de estudios y está enmarcado en “Reto País”, conjunto de iniciativas emprendidas por la Universidad Católica Andrés Bello con el fin de promover la discusión y el aporte de ideas que contribuyan con la solución de la crisis política y social venezolana.