Marielba Núñez

Los trasplantes están entre esos milagros médicos que se han hecho cotidianos. Millones de vidas en las últimas décadas se han salvado gracias a los avances científicos y quirúrgicos que han permitido que un órgano donado sustituya a otro que dejó de funcionar y restablezca la salud de quien lo recibe.

Los altos porcentajes de éxito de estas intervenciones serían imposibles si no se hubieran desarrollado sustancias que bloquean el rechazo natural con que el organismo reacciona ante la presencia de tejidos ajenos.

No sólo el bienestar, sino también la supervivencia de quien ha recibido un trasplante depende del acceso a estos fármacos inmunosupresores. El gobierno nacional, al incumplir con la obligación de entregar regularmente esos medicamentos, está firmando una condena de muerte que pesa sobre más de 3.500 venezolanos y que ya se ha cobrado víctimas, como ha denunciado la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CODEVIDA).

Un caso emblemático es el de Belkis Solórzano, una valiente mujer de 50 años de edad que pocas horas antes de morir grabó el testimonio de la angustia que había tenido que sobrellevar en sus últimos meses debido a la imposibilidad de tener acceso al tratamiento que protegía el riñón que le había sido trasplantado.

La prolongada crisis por la falta de estos fármacos, además de otros cuya distribución está en manos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, pone en peligro a cientos de miles de personas que padecen enfermedades crónicas o que necesitan tratamientos de alto costo.

La repentina salida del cuestionado Carlos Rotondaro de la presidencia del IVSS podría interpretarse como un intento de cambiar el rumbo del organismo responsable de tanto sufrimiento, pero lo cierto es que sin una medida de emergencia que permita el ingreso inmediato al país de los medicamentos que se necesitan, además de su entrega expedita mediante mecanismos transparentes, seguirá aumentando la cifra de complicaciones y de fallecimientos que hubieran podido evitarse.

Se ha anunciado que la solicitud de la apertura de un canal humanitario será uno de los puntos prioritarios del diálogo que se instalará en pocos días en República Dominicana entre representantes de la oposición venezolana y el gobierno nacional.

Si bien es absurdo que deba someterse a debate una decisión a la que en realidad debería darse curso con urgencia, el hecho de que el reclamo por esta ayuda pueda obtener una tribuna internacional da una luz de esperanza a quienes en este momento están en vilo por la ausencia de una medicina.

Aunque ya no se puede hacer nada para remediar el daño causado a venezolanos como Belkis Solórzano, su voz, que nos sigue interpelando después de su muerte, aún puede y debe ser escuchada.