Este 27 de septiembre se cumplieron 51 días de la detención de Juan Requesens, diputado del partido Primero Justicia por el estado Táchira, quien fue acusado de estar implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido en la avenida Bolívar y apresado el 7 de agosto por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
A propósito de la fecha, el bloque parlamentario de la región capital organizó el foro «Parlamento bajo asedio», el cual tuvo lugar en la sede de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.
Durante la actividad, los diputados Adriana Pichardo y Renzo Prieto (Voluntad Popular) acompañados por los abogados Theresly Malave (defensora de los parlamentarios Rosmit Mantilla, Gilber Caro, Gilberto Sojo y Gaby Arellano), Joel García (representantante legal de Juan Requsens) y Omar Mora (defensor de Freddy Guevara), hicieron un balance del ataque sostenido del que han sido objeto la Asamblea Nacional y sus representantes electos, desde que la mayoría opositora tomó posesión del poder legislativo en enero de 2016.
La primera intervención estuvo a cargo de Adriana Pichardo, quien contabilizó en los últimos dos años y medio 4 asaltos a la sede parlamentaria por parte de grupos irregulares y uniformados, 5 detenciones a diputados violando su inmunidad, procesos judiciales y amenazas que han conducido a varios parlamentarios al exilio, además de actuaciones del Tribunal Supremo y otros órganos del poder público limitando el funcionamiento del poder legislativo, entre ellas la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo que suspendió la proclamación de tres diputados del estado Amazonas y el fallo del máximo juzgado declarando en desacato al parlamento.
Según Pichardo, a esto se suma la asfixia financiera, al afirmar que desde el año 2015, los diputados opositores no reciben ningún tipo de salario.
«El 2017 implicó el desconocimiento absoluto del Parlamento, de sus funciones y de la inmunidad parlamentaria de sus diputados por parte del régimen. A su vez, fueron emitidas sentencias que pretendían anular a la Asamblea Nacional. Este año las persecuciones continúan, las amenazas han sido de tal magnitud que hay al menos 7 diputados en el exilio».
El abogado Joel García (miembro del equipo defensor de Juan Requesens) precisó que desde diciembre de 2015 el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido más de 70 sentencias contra el parlamento.
Aseguró que el asedio desde múltiples flancos forma parte de una estrategia de destrucción de este órgano del poder público, cuya evidencia más reciente es la de su defendido. Denunció que luego de mes y medio de la detención de Requesens, sus abogados siguen sin poder acceder al expediente y realizar la entrevista correspondiente para armar defensa del caso.
«Desde la toma de posesión en el año 2016, la Asamblea ha recibido 71 sentencias en contra por parte de la Sala Constitucional y la Sala Electoral. Ahora, después de la persecusión al diputado Freddy Guevara siguen con Juan Requesens. El 28 de septiembre vencen los 45 días para que el Ministerio Público dé la conclusión de la investigación. En el estricto derecho, a Requesens le corresponde la desestimación de los cargos porque no hay ni una sola prueba de que él es partícipe de este hecho. El problema está en que este período, que se utiliza para que la defensa pueda llevar al Ministerio Público todas las evidencias necesarias para desvirtuar los cargos, culmina el 28 y nosotros no hemos tenido acceso al diputado. Aquí están las abogadas que fueron a visitarlo en el SEBIN y no se les permitió la entrada para armar la estrategia de defensa porque , por órdenes superiores, así nos dicen, tenemos restringido el acceso».
El foro finalizó con las palabras del diputado Renzo Prieto, quien permaneció más de 4 años en El Helicoide imputado por asociación para delinquir y tráfico de armas. Excarcelado en junio aunque con prohibición de ofrecer declaraciones públicas, Prieto aseguró que los parlamentarios seguirán cumpliendo su compromiso de lucha por la libertad de Venezuela, a pesar de las dificultades,
«Nosotros los diputados somos un ejemplo claro y de referencia para todo el país, pero no solo es nuestro caso, todos los ciudadanos están siendo perseguidos y atacados por el régimen. A mí me preguntan que si el gobierno podría meterme preso a pesar de la inmunidad. Cuando lo hicieron, yo tenía inmunidad parlamentaria e igual me detuvieron. La decisión del tribunal de prohibirme declarar a los medios públicos no está apoyada en la Constitución, yo me afianzo en el artículo 200, así que seguiré denunciando y declarando lo que pasa en nuestro país».
«Desde la toma de posesión en el año 2016, la Asamblea ha recibido 71 sentencias en contra por parte de la Sala Constitucional y la Sala Electoral. Ahora, después de la persecusión al diputado Freddy Guevara siguen con Juan Requesens. El 28 de septiembre vencen los 45 días para que el Ministerio Público dé la conclusión de la investigación. En el estricto derecho, a Requesens le corresponde la desestimación de los cargos porque no hay ni una sola prueba de que él es partícipe de este hecho. El problema está en que este período, que se utiliza para que la defensa pueda llevar al Ministerio Público todas las evidencias necesarias para desvirtuar los cargos, culmina el 28 y nosotros no hemos tenido acceso al diputado. Aquí están las abogadas que fueron a visitarlo en el SEBIN y no se les permitió la entrada para armar la estrategia de defensa porque , por órdenes superiores, así nos dicen, tenemos restringido el acceso».
